Para saber más al respecto, Sputnik conversó con Ramón Martínez Coria, presidente del Foro de Desarrollo Sustentable, una organización civil dedicada a la defensa de derechos territoriales y poblaciones desplazadas en México. Para el especialista, en el país aún perdura la "herencia" de aquella época iniciada en el proceso de la conquista (1521).
"En la construcción del Estado mexicano se va produciendo una especie de neocolonialismo en el que aún estamos profundamente sumergidos", dijo Martínez en entrevista.
Un poco de historia
Andrés Manuel López Obrador anunció durante su conferencia matutina el envío de una carta a Felipe VI, rey de España, y al Papa Francisco, titular de la Iglesia Católica, para pedir que las instituciones que encabezan reconozcan los agravios cometidos por el régimen colonial. También, para que pidan perdón por esas acciones.
El movimiento se entiende como parte de una "reconciliación" con los colonizadores que el nuevo Gobierno mexicano promueve de cara al año 2021, cuando se cumplen 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, centro de la cultura mexica que dominaba el altiplano central, en manos de Hernán Cortés. Pero los lazos que atan al Estado mexicano con la Corona no son tan fáciles de cortar, incluso medio milenio después.
Para comprender el momento actual, Martínez señaló algunos momentos claves para comprender la relación entre el Estado moderno y liberal que suplantó al poder colonial, y los pueblos indígenas que poblaban estos territorios desde mucho tiempo antes.
Una herencia colonial
El experto en cuestiones indígenas consultado por Sputnik señala que, si bien la relación con la Corona española fue de "ocupación, despojo territorial y desplazamiento masivo forzada durante los tres siglos que duró", al término de ese proceso, "España hereda (a México) una relación donde las comunidades mantenían sus territorios comunitarios, reducidos pero manteniendo algunas figuras de tenencia y posesión de la tierra, que se trastocan cuando se inventa el Estado mexicano".
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Más (o menos) derechos
Un segundo momento en esta relación histórica ocurre durante los primeros 50 años del México independiente, con "un giro muy notable" que llegó de la mano de la "construcción de derechos para toda la población" que trajo el liberalismo político de los nuevos Estados independientes de América Latina.
"En México esto se produjo con Benito Juárez (presidente entre 1857 y 1872), quien por un lado extendió los derechos a la población indígena, pero con la otra mano, les quitó las formas de tenencia y posesión colectiva de la tierra", expresó Martínez.
El analista señaló a que durante la Presidencia de Juárez, los pueblos originarios perdieron seguridad jurídica sobre la propiedad colectiva de los territorios comunitarios, algo que la Corona no había logrado.
Nuevas figuras agrarias
El efecto inmediato fue el empobrecimiento de una franja muy extendida de la población rural que se volvió "carne de cañón de todas las revueltas y guerras internas" que desembocan en la Revolución mexicana, encabezada por Emiliano Zapata y el lema "tierra y libertad".
La Constitución de 1917 reconoció dos formas de propiedad colectiva de la tierra: por un lado los bienes comunales y por otro, el ejido (un campo de uso común). El reconocimiento de bienes comunales fue logrado por las comunidades que tuviesen "títulos coloniales" como poblaciones originarias.
Como la mayoría de los pueblos no los tenían, apelaron a la figura del ejido, que si bien los acercó a una "restitución de la posesión y la propiedad colectiva", también los llenó de conflictos con sus vecinos por la mala delimitación que plantearon de los territorios.
Previa al libre comercio
El último momento clave en la relación entre el Estado y los derechos de los pueblos sucedió en 1992 durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando modificó el artículo 27 de la Constitución, dando por terminado el reparto agrario de la Revolución e interrumpiendo miles de procesos que llevan años sin resolverse y que han escalado.
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Según Martínez, "ocurrió otra cosa que el Gobierno mexicano no pudo controlar", que sucedió a partir del reconocimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta norma reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas por primera vez en la historia. México la ratificó rápidamente.
"Se desarrolló un movimiento indígena con identidad propia inédito en reivindicación de sus derechos específicos, que se concatenó a escala nacional", dijo Martínez a Sputnik. Procesos similares sucedieron en casi todos los países de América Latina.
Indigenismo
Andrés Manuel López Obrador, actual presidente mexicano, "tiene un pasado indigenista imborrable", indicó el entrevistado. Es un paradigma surgido de la mano de Lázaro Cárdenas, presidente de 1934 a 1940, que propuso una "integración" de los pueblos indígenas a la sociedad, presumiendo que esto implicaba "acabar con su miseria".
Para Martínez, este paradigma significó una modificación radical de las formas de organización propias de los pueblos, aniquilándolas.
"Se hablaba del problema indígena como una asignatura pendiente del Estado y acabó siendo un proceso de control corporativo de los pueblos y las comunidades", aseveró.
Con el advenimiento de las últimas tres presidencias neoliberales y la escalada de violencia, el despojo territorial y el desplazamiento forzado, "las formas de la economía neoliberal se han ido comiendo las formas de organización socioeconómica de las comunidades, imponiendo formas del capital privado para la explotación de recursos minerales, agua, energéticos y biodiversidad", apuntó.
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"El Gobierno actual no está haciendo la diferencia, al contrario, está refrendando su pacto con los consorcios empresariales que se volvieron los empresarios buenos, a quienes les mantuvo estas concesiones", dijo el experto.
La diferencia, explicó, está en las comunidades: en la articulación de un discurso político propio durante los últimos 25 años y en las centenas de luchas de defensa territorial que han llevado (y ganado) a los tribunales.
