"No es una operación política como se ha publicado", dijo el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, en declaraciones a la prensa a las puertas de la Audiencia Nacional.
Villarejo declaró ante la Audiencia Nacional como imputado por la sustracción de un teléfono móvil a una colaboradora de Pablo Iglesias en 2016.
Esa línea de investigación se abrió después de que fuese encontrada información procedente de ese teléfono en un pendrive incautado durante un registro en el marco del caso Tándem, en la que el comisario Villarejo está investigado por supuestos delitos de blanqueo y organización criminal.
Villarejo, que está involucrado en múltiples investigaciones judiciales, es considerado uno de los mayores responsables de las popularmente conocidas como "cloacas del Estado", un entramado de maniobras políticas y prácticas ilegales elaborado por personalidades del Ministerio del Interior.
Entre los datos robados al entorno de Iglesias figuran, según apuntan medios de comunicación locales, numerosas fotografías y varias conversaciones privadas.
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En su conversación con los medios, el abogado de Villarejo negó que su cliente participara en ninguna "campaña" contra Pablo Iglesias y también se desvinculó del robo del teléfono,
"Lo que hay que preguntarse es de dónde salió ese pendrive y cómo se vehiculizó", añadió el abogado.
De acuerdo con la información disponible en torno al caso Tándem, Pablo Iglesias, junto a políticos independentistas catalanes, fue uno de los principales objetivos de una especie de policía política encabezada por Villarejo durante los años como ministro de Interior del conservador Jorge Fernández Díaz (2011-2016) bajo la presidencia de Mariano Rajoy.
Dicho informe fue presentado ante el Tribunal Supremo por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, pero el alto tribunal rechazó su admisión afirmando que su contenido era una “mera remisión de informaciones no autentificadas” y recortes de prensa.
En el marco del caso Tándem, además de las actividades relativas a esta policía política, también se investiga, entre otras cosas, un entramado de espionaje encabezado por Villarejo, del que se sospecha que tuvo acceso a comunicaciones privadas del Gobierno de España.
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Según el relato de las autoridades judiciales Villarejo tuvo acceso en el año 2005 a 15.000 conversaciones telefónicas privadas de miembros del Gobierno, del Partido Popular, el Partido Socialista y de distintas empresas o medios de comunicación.