"Las adjudicaciones directas deberían ser la excepción y no la regla en las contrataciones del Gobierno, porque la Constitución señala que los contratos deberían entregarse mediante licitaciones públicas, con convocatorias abiertas y en las que cualquier empresa puede participar para que el Gobierno escoja al que le ofrezca las mejores condiciones", dijo a esta agencia Núñez.
La adjudicación directa "es como poner las cosas de cabeza: el Gobierno escoge desde antes a la empresa, sin que ésta tenga que competir con nadie, lo que abre una ventana enorme para que haya corrupción", explicó Núñez.
Por esa razón, "es muy preocupante que, con la información que tenemos hasta el momento, esta administración no ha cambiado la lógica que imperaba en el pasado y ha continuado con esta tradición de preferir dar los contratos de manera directa, sin intermediarios, a quien ellos decidan de antemano", lamentó.
En 2019 el mecanismo de licitación pública ha sido utilizado solamente en el 18% del total de contratos, mientras que la invitación restringida a cuando menos tres empresas se usó en 7% y la adjudicación directa en el 74% de los casos, revelan las pesquisas.
MCCI señala que sí cree en el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción en todos los ámbitos del Gobierno, "en el uso transparente y eficaz de los recursos públicos y en su determinación de que los funcionarios de su administración se conduzcan con base en la ética y la honradez".
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Sin embargo, MCCI advierte que para cumplir ese compromiso "hace falta ir acotando los espacios de discrecionalidad en las áreas más sensibles al desvío o mal uso del presupuesto".
En los primeros 116 días del Gobierno que encabeza López Obrador "se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la Constitución, sus principios y leyes secundarias", dijo la organización en su informe.
Discrecionalidad en grandes proyectos
La investigación indagó en el portal "Compranet, página oficial del Gobierno federal, donde encontró el predominio de la "asignación directa" para obras más importantes.
La razón esgrimida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo es que la dependencia tiene "atribuciones en corto plazo para lograr este tipo de acuerdos".
MCCI considera que esta decisión es ilegal porque "salvo en los casos expresamente previstos en las mismas, se impide la adjudicación de contratos a un particular para la construcción de un proyecto de infraestructura", y en caso de excepción, debe estar respaldada por un "dictamen previo y por escrito", en donde se justifique.
Los estudios internacionales apuntan que una de las principales herramientas contra la corrupción gubernamental son las "licitaciones abiertas transparentes", en compras gubernamentales como en infraestructura.
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Así lo establece la Constitución y las leyes de servicios y obras públicas, que ordenan criterios de "eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez".
El 24 de enero d 2019, el presidente informó la compra por parte de una filial de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de 671 camiones cisterna para transporte de combustible, por casi 90 millones de dólares, mediante asignación directa a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas.
Para la construcción de una refinería en el puerto petrolero de Dos Bocas, la cartera de Energía hizo una "invitación restringida" a dos empresas y dos consorcios que "tienen en sus expedientes cargos por presuntos actos de corrupción", señala MCCI.
La respuesta de la titular de Energía, Rocío Nahle, desdeñó estos cargos y dijo a periodistas que "la selección no se hizo basada en que son la Madre Teresa de Calcuta, pues ninguna empresa constructora en el medio puede estar tan limpia".
Durante el Fobierno que comenzó el 1 de diciembre, Pemex ha adjudicado por invitación restringida al menos siete contratos por unos 2.200 millones de dólares para construcción de infraestructura, plataformas petroleras, perforación en pozos terrestres, certificación de volúmenes de reservas petroleras y un plan de acción ambiental.
El Gobierno ha justificado este patrón con argumentos ad hoc de "emergencia nacional, urgencia y prisa" de ejecutar las obras.
