"Ya no existen las cloacas en el Ministerio de Interior", dijo el titular de la cartera ministerial durante un acto celebrado en Andalucía.
Estas palabras llegan después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmara el 31 de marzo en una televisión nacional que las cloacas del Estado "siguen funcionando".
En el marco de esa trama, según reveló en exclusiva el diario Público en junio de 2016, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, encargó la elaboración y filtración a la prensa de informes 'ad hoc' para intentar fabricar escándalos mediáticos contra figuras clave del independentismo catalán, como el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.
Recientemente, la Audiencia Nacional —que se encuentra investigando a uno de los principales funcionarios de la trama, el excomisario Villarejo— halló información privada de Pablo Iglesias en un registro relacionado con el caso.
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En concreto, fueron encontradas numerosas fotografías y conversaciones privadas presuntamente conseguidas tras el robo de un teléfono móvil perteneciente a una colaboradora de Iglesias en 2016.
En el marco de esa operación se encontrarían, entre otras, las informaciones publicadas por distintos medios conservadores acusando a Iglesias y a Podemos de recibir presunta financiación ilegal desde Venezuela e Irán, algo que posteriormente el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo declararon falso.
Este 31 de marzo, Iglesias se mostró convencido de que la trama de Interior "sigue activa" pese a que el Partido Popular ya no se encuentra en el Gobierno.
"Esa trama criminal sigue funcionando todos los días y vemos la fabricación de pruebas falsas", señaló, aunque acto seguido se negó a aportar datos que fundamenten esa afirmación porque la causa judicial sigue bajo secreto de sumario.
"Serán cloacas del pasado y serán policías concretos con nombres y apellidos, supuestamente corruptos", añadió, descartando la existencia de ninguna estructura corrupta en el seno de la administración.
Además, Marlaska reprochó que Iglesias afirme que la trama sigue activa "sin aportar pruebas" porque eso "daña la credibilidad de las instituciones".
