"Yo salí de la casa a las 6:30 (10:30 GMT) y llegué a mi trabajo a las 9:30 aproximadamente, todos los autobuses estaban llenos, y tuve que caminar unos tres kilómetros para ahorrar tiempo, pero tengo que salir a trabajar porque si no trabajo no como", dijo a esta agencia Bárbara Noguera, habitante de Catia (oeste).
Miguel Zabala de 32 años, residente de Petare (este), dijo que para él "la suspensión del metro ha sido catastrófica porque, aunque hay un plan de con autobuses las colas [filas] son infinitas, pero igual hay que ir a trabajar el país no puede estar parado un mes entero".
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El Gobierno indicó que la nueva suspensión en el metro se produjo porque el viernes 29 y sábado 30 fueron lanzados otros ataques contra las líneas de transmisión eléctricas de Venezuela, que se sumaron a los perpetrados el 7 y el 25 de marzo.
Ante esta situación, el Gobierno activó un plan de contingencia que consiste en habilitar autobuses gratuitos, los cuales cubren la ruta del metro.
Con la ausencia del servicio eléctrico el sistema de bombeo de agua de la compañía estatal Hidrocapital quedó también suspendido.
Sin embargo, el apagón alteró el racionamiento y algunas comunidades llevan más de 15 días sin el servicio.
Arsira Berroterán de 55 años contó que ella siempre junta agua en la casa de su "hermana en La Florida (norte), cuando Hidrocapital no cumple con los días que le toca enviarnos agua, pero esta vez ella tampoco tenía, así que me tocó hacer mi cola [fila] para recoger algo [de agua]".
Berroterán explicó que lo que logró recolectar de agua es para cocinar y mantener los baños limpios.
La ausencia de agua potable provocó numerosas protestas en varias zonas de Caracas; y los manifestantes colgaron videos en las redes sociales para denunciar que las manifestaciones fueron dispersadas por grupos encapuchados y armados.
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Por su parte, el Gobierno venezolano pidió a sus seguidores garantizar la paz y no permitir cierres de calles o protestas porque aseguró que ese es el objetivo de la oposición.
Además, instruyó a sus ministros a organizarse junto a las comunidades y los cuerpos de seguridad para llevar agua a las personas a través de camiones cisternas.
Manuel Ortega, de 43 años, quien se identificó como trabajador público, afirmó que "el metro y los apagones hacen todo difícil, pero con los niños sin clases es preocupante, tienes que buscar dónde dejarlos, sumado a que en casi todo el mes de marzo no han tenido clases, por los apagones y la falta de agua".
Este 1 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció que la jornada laboral debía ser hasta las 14:00 hora local (18:00 GMT), y afirmó que en los próximos días se restablecerían las actividades escolares.
Agregó que se aplicaría un plan de "administración de cargas" o racionamientos del servicio, mientras se logra reparar los equipos afectados, pero no especificó cómo se realizaría.
Marzo fue un mes en el que se registraron continuas paralizaciones de actividades.
El mandatario venezolano decretó el 28 de febrero pasado y el 1 de marzo como días de asueto, que se sumaron al lunes 4 de ese mes y martes 5 de Carnaval.
El segundo apagón general, se registró el 25 de marzo pasado, en medio del ya servicio eléctrico inestable, y las actividades laborales se están retomando una semana después, pero solo a media jornada.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un balance sobre las pérdidas económicas que ha provocado esta crisis eléctrica.
El Gobierno aseguró que el primer apagón fue provocado por un ataque cibernético y de pulso electromagnético perpetrado desde EEUU.
Agregó que luego hubo tres ataques más, otro informático y el resto a instalaciones físicas.
Estos ataques se produjeron, pese a que el pasado 15 de marzo el Gobierno anunció la creación de un Comando para la Defensa de los servicios básicos para proporcionar su "seguridad, operatividad y mantenimiento".
En el año 2013, el Gobierno venezolano había decretado una emergencia eléctrica ante la sequía que afectó las instalaciones del embalse Guri, en el que se encuentra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, donde se produce el 80% de la electricidad del país, y su militarización.
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El vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, dijo en una comparecencia de prensa que iban a "militarizar es la palabra, todas estas instalaciones eléctricas que, además, ahora pasan a ser zonas de seguridad para allí resguardar y evitar cualquier tipo de acción de sabotaje".
No obstante, el Gobierno ha denunciado que los "golpes eléctricos" se han mantenido.
