"El frío, el calor, la dureza del piso en nuestros pies. Todas estas personas están acostumbradas a caminar libremente, pero hay que seguir presionando al Gobierno", dijo a Sputnik Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos 'José María Morelos y Pavón'.
Durante semanas, siete comunidades indígenas del Estado de Guerrero denunciaron su desplazamiento por parte de grupos paramilitares. Al mismo tiempo, estudiantes de magisterio del Estado de Chiapas reclamaban el derecho a mantener sus escuelas abiertas, para garantizar el acceso a la educación de los pueblos originarios en sus propias lenguas.
Los últimos en irse
Los desplazados de Guerrero fueron obligados a dejar sus casas en noviembre de 2018 y desde entonces no han podido volver a sus aldeas. Se enfrentan a un limbo legal, pues no está definido en México el delito de 'desplazamiento forzado', una situación que se ha vuelto moneda corriente en las zonas rurales y, más recientemente, en zonas urbanas.
"El problema del desplazamiento es que no existe como delito en ningún Código Penal, tampoco existe una ley nacional sobre desplazamiento forzado y esa es una tarea que le exigimos a diputados y senadores, que sea tipificado como un delito", explicó Olivares a Sputnik.
A lo máximo que llegaron fue a poner denuncias por el robo de sus pertenencias, pero la situación en la que viven es más grave.
"Los diálogos [con la autoridad] eran ríspidos y tuvieron que intervenir otras organizaciones", explicó el activista.
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Después de más de un mes de conversaciones, el Gobierno firmó una serie de acuerdos a los que Sputnik tuvo acceso. Esos documentos fueron rubricados por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y otros dos funcionarios de esa dependencia, Félix Santiago Ángeles y Neftalí Granados González.
En el acuerdo, los desplazados solicitaron vigilancia en algunas comunidades de los municipios Leonardo Bravo y Chilpancingo, la capital del Estado. Asimismo, tendrán alimentación y atención en salud en el auditorio municipal de Chichihualco, donde podrán permanecer tres meses con opción a más, dado que no pueden regresar a sus pueblos.
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Las poblaciones afectadas serán censadas, y otras estructuras estatales buscarán cubrir las necesidades sanitarias y educativas de los desplazados. Si bien son medidas que tienden a paliar la situación, se montarán mesas de trabajo entre autoridades y representantes de las familias desplazadas para buscar una salida definitiva al conflicto.
"No regresarán a sus hogares, llegarán al auditorio donde estaban antes" de venir a protestar a la capital, dijo a Sputnik Neftalí Granados, funcionario de la subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno federal.
"Muchos de los acuerdos que se llevan hoy fueron los que se plantearon en el inicio", agregó.
Sin embargo, los activistas consideran que el problema recae en la falta de un marco jurídico que faciliten la situación que atraviesan. Para acceder a parte de las ayudas estatales, primero tiene que haber una denuncia radicada. Y hasta ahora, no existe el desplazamiento forzado tipificado como tal.
"En el país de los 300.000 desplazados, el Gobierno federal no tiene un parámetro, Resolver este caso va a necesitar un esfuerzo de Estado", concluyó.
Los primeros en llegar
Los estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá levantaron su propio plantón frente a Presidencia, un día antes que los desplazados de Guerrero. Su pelea pasa por el mantenimiento de la escuela, que durante los últimos tres años ha sido mantenida gracias al trabajo de los propios estudiantes.
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Las Normales Rurales son uno de los últimos resabios de la Revolución Mexicana, que buscó crear un sistema de educación para los hijos de los campesinos y de las poblaciones indígenas. Así, son el único sistema bilingüe entre el español y las lenguas madre mexicanas, en uno de los países con mayor riqueza lingüística del mundo. Sólo permanecen 16 Escuelas de este tipo funcionando en México.
Desde el año 2003, Mactumaczá ha sobrevivido a los embates que buscan cerrarla. Ese año, los dormitorios de los estudiantes fueron demolidos y desde la autoridad se quitó el sistema de internado para estudiantes de otros sitios. También se les retiraron los apoyos y becas —de unos 100 pesos por día, 5 dólares— con los que los estudiantes costeaban su alimentación.
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Para cuando en 2016 se retiraron 16 maestros y 50 trabajadores de la escuela, los estudiantes se pusieron a trabajar en la manutención de la escuela. Uno de ellos comentó a Sputnik que "se puede tener una escuela sin maestros, pero no una escuela sin estudiantes".
Así, han defendido a la Normal y este año, buscaron los fondos para seguir en pie. Decidieron manifestarse en la Ciudad de México, cuando la secretaria de Educación de Chiapas, Rosa Domínguez Ochoa, expresó públicamente que "Mactumactzá se cierra o se transforma".
"El 21 de febrero decidimos instalar un plantón de 72 horas, porque pensamos que bastaría para recibir atención favorable, pero las condiciones no ameritaban levantarnos transcurrido ese tiempo", explicó uno de los estudiantes en conferencia de prensa ante el levantamiento de la protesta.
"Decidimos hacerlo indefinido hasta que hubiese respuestas favorables", indicó el joven.
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Un mes después de su instalación a las puertas del Palacio Nacional, el 25 de marzo, fueron atendidos por el Gobierno federal. "Se acordó la posible reinstalación del interno, así como habilitar algunas instalaciones en comedores y dormitorios", comentaron los estudiantes de magisterio.
En Mactumaczá, a pesar de los intento de cierre y represión estatal (que también han sobrevivido) los estudiantes atienden cotidianamente los módulos de producción del sector agropecuario, cocinan, limpian y reparan su escuela.
"Prácticamente todos estamos dispuestos a regresar aquí, en caso de que el Gobierno federal no cumpla con los compromisos adquiridos", expresaron los estudiantes, antes de subir al camión, y regresar a casa.
