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Defensores de DDHH pedirán a Bachelet apoyo a comisión internacional en México

© AFP 2023 / Johan OrdonezLa Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Activistas que se reunirán con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, en su visita a México le pedirán respaldo para crear una comisión internacional de la verdad contra la impunidad, adelantó Edgar Cortez, quien participará en el encuentro, en diálogo con Sputnik.

"Vamos a expresarle que considere participar en mecanismos extraordinarios, como la creación de una comisión de la verdad internacional contra la impunidad, que dialogamos con el Gobierno mexicano; pero aún no hay una respuesta oficial", dijo a esta agencia Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD).

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El integrante de la representación de la sociedad civil que se reunirá el viernes próximo con Bachelet, considera que en el nuevo Gobierno de México "hay una voluntad de fortalecer la instituciones, pero un mecanismo extraordinario con vigilancia internacional podría impulsar ese proceso", con respaldo de la ONU y el sistema interamericano de protección a los derechos humanos.

"La presencia de la Acnudh en el país ha tenido un papel determinante para señalar problemas y plantear alternativas", prosiguió el exjesuita, con tres décadas de experiencia en trabajo con víctimas de la violencia y abusos de las autoridades.

Los defensores ciudadanos esperan que la expresidenta chilena fortalezca la presencia de Acnudh, que tiene una oficina permanente desde 2002 por acuerdo del Estado mexicano con la ONU, y que actualmente encabeza Jan Jarab.

"Es muy importante que se incremente la capacidad de acción en el terreno de esa misión; existen muchos casos abiertos, en los que ha hecho un aporte significativo", dijo el experto, quien prepara junto con un colectivo la agenda de la reunión.

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En su más reciente actuación, el Acnudh condenó el noveno asesinato de un defensor de derechos humanos en 2019, que se suma a las 13 ejecuciones documentadas en 2018.

El activista Abiram Hernández, fue abatido en Xalapa, capital de Veracruz (sureste), el 29 de marzo pasado.

"Su larga trayectoria era ampliamente reconocida entre la sociedad, especialmente entre las familias de personas desaparecidas que recibieron su apoyo", lamentó Jarab.

Ejes de diálogo con Bachelet

Los líderes de las principales organizaciones civiles especializadas en la materia consideran enfocar su diálogo en lo que definen como "una grave y profunda crisis de violaciones a los derechos humanos".

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El eje de ese enfoque, "destaca la impunidad en el sistema de justicia", con múltiples manifestaciones en ejecuciones, feminicidios, agresiones a defensores y periodistas, y más de 40.000 personas desaparecidas en los últimos 12 años, indicó Cortez.

En ese nivel de discusión, señalarán que "el sistema de justicia no ofrece resultados y sigue permitiendo que se repitan los crímenes denunciados, muchos de lesa humanidad con participación de agentes del Estado, con una impunidad casi total".

Un segundo tema serán "los efectos de la desigualdad, las carencias en salud, educación y la situaciones de pobreza de amplios sectores".

Las organizaciones destacarán "la falta de acceso a mejoras de su vida de los pueblos indígenas".

Esas comunidades ahora se ven afectadas "por megaproyectos y falta de procesos adecuados de consultas gubernamentales en el sureste del país, y el istmo de Tehuantepec (sur)".

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Cortez puso como ejemplo una consulta celebrada para autorizar la operación de una planta de energía con gasoducto y acueducto en el estado de Morelos (sur), donde un dirigente que encabezaba el rechazo comunitario fue asesinado.

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"En estos temas comunitarios hay un número de defensores y defensoras asesinados, como el caso de Samir Flores Soberanes", ejecutado el 20 de febrero pasado, tres días antes de la consulta organizada por el Gobierno, que decidió no suspender el referendo.

Un tercer tema será el de 40.000 desaparecidos y 26.000 cuerpos sin identificar, para señalar la urgencia de "consolidar un sistema nacional de búsqueda de desaparecidos", con recursos y personal capacitado suficiente.

"Existe la necesidad de que se comprenda el fenómeno y se concreten los planes para enfrentar la realidad de las ejecuciones y la falta de justicia en procesos de identificación forense y búsqueda", apuntó el directivo del IMDHyD.

En ese terreno, serán abordados todos los casos en los cuales han participado "relatores especiales" de la ONU, y decenas de recomendaciones emitidas durante el "examen periódico universal" del caso México, a finales del año pasado.

"Hay una dinámica de acumulación de estudios y evaluaciones pendientes", adelantó Cortez.

Finalmente, acerca de la Guardia Nacional, recomendarán "evaluar la tensión que persiste, entre el logro de una reforma constitucional para su creación como institución civil, frente a los planes gubernamentales que insiste en una lógica para preservar su componente militar".

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Las organizaciones civiles solicitarán "que la señora Bachelet pueda acompañar y alentar al Gobierno federal en una serie de reformas que están comenzando y requieren consolidarse, (y) una de ellas es la transición de la procuraduría general a la nueva fiscalía nacional", en la que no lograron el grado de autonomía que pedían.

Recomendarán "desarrollar la calidad de investigación de las procuradurías, salir de la lógica de examen caso por caso, para empezar a analizar los fenómenos criminales y acciones, que correspondan a la magnitud y profundidad de los fenómenos delictivos".

Bachelet se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ministros de la Suprema Corte.

El viernes 5 de abril recibirá a "un grupo muy representativo de organizaciones civiles nacionales", el sábado con organizaciones de los 32 estados, y el domingo viajará a Saltillo, Cohauila, para evaluar la situación del norte del país.

Cinco meses después de terminar su mandato como presidenta de Chile, Bachelet fue nombrada titular del Acnudh el 8 de agosto de 2018, por un periodo cuatro años.

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