La organización civil, basada en Inglaterra pero con una fuerte presencia en México, publicó su informe anual 2018 llamado 'Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva', en el que señala que el principal efecto de esta violencia dirigida hacia la prensa es el silencio de los trabajadores y de los medios de comunicación, que dejan de informar sobre lo que sucede.
En los dos últimos, relatan la pelea de la organización por lograr una regulación de la publicidad oficial que no rindió frutos. También rechazan la "polarización" que ha generado la comunicación del nuevo Gobierno y señalan "los contrastes que genera para el ejercicio efectivo de las libertades".
"La violencia y la cultura del engaño tuvieron cabida en un país donde las instituciones se rigen por reglas informales, a pesar de contar con marcos normativos de avanzada. De esta manera, las instituciones se convierten en administradoras de información y por lo tanto, del silencio", sostuvo Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, durante la presentación del informe en el Museo Interactivo de Economía, en la ciudad de México.
Los datos
En el anuario 2018, se presentan las cifras de las agresiones contra la prensa durante los últimos dos sexenios, que corresponden a los Gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En el de Calderón, Artículo 19 registró 1.092 agresiones contra la prensa; mientras que en el de Peña Nieto esta cifra subió a 2.502. Entre 2006 y 2012, 48 periodistas fueron asesinados en México; y otros 47 durante los seis años que le siguen. Hasta 2012, 15 periodistas fueron desaparecidos en México; otros cuatro desde esa fecha hasta 2018.
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Tan sólo en 2018, se registraron nueve asesinatos de periodistas, lo que ubica a México como el sitio más peligroso para hacer periodismo, por detrás de las zonas de guerra en Medio Oriente. Esta cifra se suma a unas 544 agresiones, de las que 230 fueron vinculadas a funcionarios públicos.
De acuerdo con información oficial obtenida por Artículo 19, entre 2010 y 2018, la Feadle inició 1.140 investigaciones respecto de estos crímenes y ataques, para los que ha logrado apenas 10 condenas, que "equivale a 0,87% de efectividad en las investigaciones, es decir, 99.3% de impunidad".
"Cuando decimos borrón y cuenta nueva, es porque Gobierno y sociedad civil nos tenemos que hacer cargo del pasado, porque no hay cuentas nuevas si las anteriores no quedan saldadas", agregó Ruelas durante la presentación del anuario.
Lo que viene
Ana Cristina Ruelas indicó que aún no se conoce cuáles serán las medidas que pondrá en práctica el nuevo Gobierno para atender esta crisis de violencia que silencia la práctica periodística, así como tampoco se conoce aún cómo será reestructurado el Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
El vocero presidencial, Jesús Ramírez, presente en el acto, dijo a la prensa que los encargados de esta tarea son el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y el director del mecanismo, Aarón Mastache.
"Se está estudiando su reforzamiento. Ya se anunció que tendrá mayores recursos, así como herramientas institucionales de protección, incluyendo a las familias y no sólo a los periodistas, estableciendo zonas de refugio", dijo Ramírez en entrevista.
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Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez —asesinado en Culiacán (Sinaloa) el 15 de mayo de 2017, considerado uno de los grandes cronistas mexicanos— retrucó la respuesta oficial durante el evento.
"Es urgente que el Estado mexicano asuma con responsabilidad la garantía del ejercicio de la libertad de expresión. No basta con que reconozca que el mecanismo se ha visto rebasado por la falta de recursos económicos, burocracia, personal y que se está en proceso de fortalecerlo con auditorías y recursos. Lo que se necesita es que se garantice que no se asesinará a ningún periodista más por su labor profesional", dijo Triana.
"La subsecretaría de Derechos Humanos anunció que se fortalecerá el mecanismo y habló de la corresponsabilidad de los dueños de los medios de comunicación", agregó Triana.
"Se está actuando con las mejores intenciones, sin embargo. Se debe detener, procesar y obtener sentencias condenatorias contra quien resulte responsable de cualquier tipo de violencia en contra de periodistas", concluyó.
