"Encontramos una gran receptividad de la Alta Comisionada de la naturaleza y urgencia de nuestro pedido de cooperación y asistencia técnica para el Gobierno de México, mediante un mecanismo internacional contra la impunidad en todo el país", dijo Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD).
Bachelet escuchó la petición de decenas de organizaciones que le solicitaron que exhorte al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a comenzar una conversación del tema con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para celebrar un convenio internacional con participación de la sociedad civil.
Ese mecanismo debería estar facultado para "investigar y ejercer acción penal" por delitos relacionados con la libertad y la integridad de las personas o la vida, "cuando se hayan cometido de forma masiva, sistemática o generalizada", según el documento de 11 páginas entregado, al que tuvo acceso Sputnik.
También debería investigar delitos vinculados a esos crímenes, como "corrupción, despojo de tierras indígenas, negocios lícitos o ilícitos impuestos de manera coercitiva", entre otros, dice el texto recibido por Bachelet y su representante permanente en México, Jan Jarab.
"La Comisión de la Verdad tendría que poner a las víctimas y sus familiares de todo el país al centro de todos su actividad urgente", subrayó Cortez, exjesuita con más de 30 años de trabajo con víctimas.
La expresidenta chilena recibió los testimonios de defensores de víctimas que terminan convirtiéndose en víctimas en un país asolado 12 años de guerra de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, que ha costado la vida a más de 200.000 personas, con más de 40.000 desaparecidos, 26.000 cuerpos sin identificar en las morgues y 1.100 fosas clandestinas.
El informe a Bachelet
El documento entregado a Bachelet señala los objetivos de la Comisión de la Verdad no solo para "esclarecer y reconocer" graves violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, sino "dignificar a las víctimas y acabar con la narrativa criminalizante".
Esa comisión permitiría una "persecución penal de perpetradores para el diseño de programas de reparación para las víctimas" que sirvan para reformas institucionales que "eviten la repetición de agravios".
Cortez, quien fue uno de los oradores en el acto, dijo que Bachelet, "nos dijo que la experiencia internacional como la de su propio país, Chile, podría ayudar a nuestro país a aprender cómo enfrentar la impunidad y mejorar los sistemas de justicia".
De 1.140 investigaciones sobre agresiones a periodistas, de 2010 a 2018, solo hay 10 sentencias condenatorias.
"Abordamos la crisis nacional de derechos humanos en cuatro bloques", explica el director del IMDHyD: primero, las falencias de la democracia; segundo, la impunidad en el sistema judicial; tercero, la creación de la nueva Guardia Nacional, y en cuarto lugar, las carencias en derechos económicos y sociales.
En el primer tema "señalamos preocupación por nombramientos del fiscal general y ministros de la Suprema Corte, con insuficiente participación ciudadana, ni transparencia, sin garantizar su independencia", de los poderes políticos, prosigue el líder ciudadano.
En materia de impunidad, señalaron que "el 99% de los crímenes permanecen en la impunidad; presentamos casos de casos de feminicidios, agresiones a periodistas y migrantes".
De 5.824 delitos contra migrantes, solo existen 49 sentencias, dice el documento.
En cuanto a la Guardia Nacional "señalamos que el Gobierno mantiene los componentes militares advertidos como un riesgo por expertos nacionales e internacionales, en detrimento de los mandos civiles en la seguridad pública".
Cortez lamentó la "insensibilidad" del presidente López Obrador, que anunció su decisión de designar a un militar en activo como comandante de la Guardia Nacional, en el primer día de trabajo de Bachelet.
Otras participantes en la reunión fueron Artículo 19; Católicas por el Derechos a Decidir, Centro de DDHH, Miguel Agustín Pro Juárez (jesuita).
Asistieron representantes de colectivos que aglutinan a unas 300 organizaciones ciudadanas: "Seguridad sin Guerra", "Fiscalía Que Sirva", "Impunidad Nunca Más", y la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todas y Todos.
El mandato de Bachelet comenzó el 8 de agosto de 2018 por un periodo de cuatro años; se reunirá con López Obrador el próximo 9 de abril.
