"Es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia", afirmó en su discurso, al firmar un acuerdo de "Asesoría y Asistencia Técnica para la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa".
El objetivo de esa Comisión de la Verdad es "llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales", dijo la alta responsable del organismo internacional.
El Gobierno anterior del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) rechazó el 15 de marzo del año pasado el mencionado informe sobre el "encubrimiento de tortura" en la investigación federal del caso Ayotzinapa, argumentando que el anterior alto comisionado de las Naciones Unidas "omitió información relevante" de los expedientes de la investigación federal.
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La noche del 26 de septiembre de 2014, cinco autobuses ocupados por un centenar de alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa que se dirigían a una manifestación en la Ciudad de México fueron atacados a balazos por policías en Iguala, 220 kilómetros al sur de la capital mexicana.
Seis estudiantes murieron, decenas resultaron heridos y 43 permanecen desaparecidos.
"Nunca más"
Bachelet expresó que valora la voluntad del Gobierno en colaborar con su oficina, para que las exigencias "legítimas" de las víctimas y sus familias "se traduzcan en acciones concretas de búsqueda, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".
"Solo de esta forma, podremos decir: nunca más, nunca más", reafirmó.
A la firma del convenio asistieron madres, padres y defensores de derechos humanos que representan a las familias de las víctimas, en el caso considerado "paradigmático", debido a que "muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta su sistema" para atender esas violaciones a derechos humanos, añadió Bachelet.
Asimismo, felicitó al nuevo Gobierno, que comenzó hace poco más de cuatro meses, por su apertura y compromiso a colaborar con organismos internacionales, en particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Bachelet también mencionó que la cifra oficial de más de 40.000 personas desaparecidas "es un llamado a todas las autoridades a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible".
"Nadie debe ser sometido por más tiempo a este calvario", exclamó.
El canciller mexicano dijo por su parte que el caso "es la principal preocupación del Gobierno (…) por la inmensa trascendencia y los significados que tiene para la vida pública mexicana".
"Si hablamos de un cambio de régimen en México, más que en reformas constitucionales y legales, estamos pensando en la verdad y la justicia", puntualizó Ebrad.
