La iniciativa de reforma constitucional propuesta el pasado jueves, 4 de abril por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) para crear una tercera Sala Especializada Anticorrupción, que aumentaría a 16 el número de ministros, "amenaza la independencia de la impartición de justicia y, con ello, los controles y contrapesos que deben existir en todo Estado democrático de Derecho", dice un pronunciamiento colectivo.
El argumento de la sociedad civil que participa en el cabildeo legislativo indica que al incrementar el número de jueces "se suele abrir la oportunidad de designar perfiles afines, cercanos y obedientes", mencionando casos que se han presentado en EEUU, Argentina, Hungría, Polonia y Venezuela.
"Por supuesto, este fin suele ocultarse y los cambios se justifican en términos de la necesidad de mayor eficiencia y combate a las deficiencias de los poderes judiciales en cuestión".
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En su iniciativa, Morena argumenta que "se requiere establecer un órgano judicial abocado exclusivamente a resolver asuntos en materia de corrupción, a efecto de que se logre un avance sustancial en la resolución de los expedientes, y a la vez se homologuen los criterios jurisprudenciales".
El pronunciamiento enviado por los organismos civiles al Congreso esgrime tres argumentos, y el primero es que "resquebrajaría la independencia judicial y la capacidad para juzgar imparcialmente".
Ese argumento indica que, si bien la iniciativa no fue propuesta por la presidencia, sino por el partido mayoritario en el Senado, le beneficiaría al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque le otorgaría "la capacidad de nombrar a cinco nuevos ministros, potencialmente afines y leales".
El segundo punto es que la propuesta corte suprema "no está basada en diagnósticos rigurosos y objetivos, que especifiquen la relación entre medios y fines".
Morena argumenta que existe rezago en la Segunda Sala de la Suprema Corte, sin embargo, los expertos sostienen que "se encuentran dentro del promedio de rezago de una Corte Suprema como la nuestra".
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Finalmente, para reforzar la política de combate a la corrupción, consideran que se debe fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, creado hace cuatro años por una reforma constitucional.
Entre los firmantes están Artículo 19; Causa en Común, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, organismo que recién se reunieron con la Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que realiza una visita oficial.
