"Están varados porque si ellos deciden salir del campamento provisional en que se encuentran y seguir por carretera, rumbo a la Ciudad de México y, posteriormente, al norte del país con destino final a los Estados Unidos, serán detenidos por personal de migración", dijo la activista Maricela Sandybell Reyes Gónzález.
A su arribo a México por la frontera sur, los centroamericanos se desplazaron hacia Tapachula, Chiapas, pero tras los disturbios que protagonizó un grupo de migrantes cubanos el 15 de marzo, que dejó como saldo un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) gravemente herido, se cerró la delegación hasta nuevo aviso.
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La atención en ese lugar sólo se otorga a los servicios que ya habían sido agendados en la delegación local de Ciudad Hidalgo, entre ellos, el seguimiento y resolución a los trámites de regularización de situación migratoria por razones humanitarias.
"A los migrantes centroamericanos los condujeron estratégicamente a Mapastepec, municipio que no cuenta con un gran desarrollo. Las autoridades migratorias instalaron un campamento para proporcionarles asistencia humanitaria, pero ésta es mínima y el lugar es poco higiénico", abundó Reyes González.
La responsable del Programa de Defensa Integral para la Justicia y las Migraciones hizo hincapié en que las personas migrantes duermen en colchonetas y debido a las limitaciones del espacio, los migrantes se han organizado para dormir y realizar actividades de aseo de sanitarios y espacios comunes.
En entrevista con Notimex, refirió que esta situación se agrava debido a que afuera del campamento se encuentran varados otras 900 personas, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, cuya ayuda humanitaria se ve reducida aún más, dado que deben dormir a la "intemperie", usan palmas para cubrirse del Sol y deben pagar a particulares para hacer uso de un sanitario.
Para la activista, desde el ingreso de la primera caravana a México, en octubre de 2018, se pasó de una política migratoria humanitaria a una de contención, pues "le aseguran a los migrantes que realicen el trámite para obtener su tarjeta por razones humanitarias, pero tarda su entrega. Al final, el objetivo sigue siendo la deportación", expresó.
Esta situación contrasta sin embargo, con la administración pasada en la que hubo en todo momento una política migratoria de represión a la población migrante, añadió.
De ellos, seis mil 996 son de Honduras; dos mil 116, de El Salvador; mil 871, de Venezuela; 679 de Guatemala, 455 de Nicaragua y 599 de otros países. Proyecciones de la Comisión estiman que para finales de este año, la cifra alcanzará las 50 mil solicitudes.
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Reyes González destacó que un grupo menor de migrantes centroamericanos ha optado por continuar su camino hacia el municipio de Escuintla, donde se ha detectado presencia en la carretera de Grupos Beta, Policía Federal y Municipal, así como los retenes del INM.
"El proceder del INM hacia estas personas es principalmente el de deportar, a pesar de tratarse de migrantes que seguramente requieren protección internacional y pudiesen solicitar asilo en México", acotó.
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Indicó que afuera de la referida estación migratoria permanecen casi 300 personas africanas y haitianas, en espera de su oficio de salida. "Estas personas no recibieron asistencia humanitaria ni de Protección Civil para asistirles en sus necesidades básicas", expresó.
Lo cierto, agregó, la defensora de derechos humanos, es que la situación en Mapastepec y Tapachula, es incierta y la migración no se detendrá. Continuará su arribo, no de manera masiva, pero sí a "cuenta gotas", que es el caso de quienes se encuentran varados.
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