La formación liderada por Pablo Casado cede terreno ante Vox, que según las últimas encuestas tendrá una importante representación en las nuevas Cortes Generales.
Las señales de alarma sonaron en octubre de 2018 cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, llenó de simpatizantes una plaza de toros cubierta en un barrio del sur de Madrid. Abascal es un político disidente del PP. Concejal y luego parlamentario vasco dentro de sus listas, renunció expresamente a la militancia en 2013 tras los grandes escándalos de corrupción de la organización y por la actitud, a su juicio benevolente, de los populares hacia la banda terrorista ETA.
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Desde entonces, el rumbo de Vox parece el de un cohete a propulsión. Dio el campanazo en los comicios autonómicos de Andalucía, celebrados en diciembre de 2018, al conseguir entrar en el Parlamento de una región —la más extensa de España— donde los socialistas perdieron el control, tras llevar gobernando 40 años consecutivos.
Algunos de los analistas más osados incluso aventuran la posibilidad de que Vox supere al PP en sufragios, lo que daría a Vox suficiente legitimidad para formar Gobierno si cuadraran los números. Eso sería una revolución total.
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Lo cierto es que la capacidad de convocatoria de Abascal está desbordando todas las expectativas. Con su mezcla de populismo y nacionalismo, Vox está atrayendo a la España cabreada, harta de pagar impuestos y soportar ofensas separatistas, asqueada de la corrupción y las puertas giratorias de la clase política.
El discurso de Abascal, quien calificó al PP de "derechita cobarde", es contundente pero fácil de entender. Estos son sus principales ejes programáticos:
- Transformación del actual Estado de la Autonomías en un Estado de Derecho unitario; un solo Gobierno y un solo Parlamento; retirada inmediata de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia.
- Deportación de inmigrantes ilegales a sus países de origen y de los legales que hayan cometido delitos graves.
- Cierre de mezquitas fundamentalistas y exclusión de la enseñanza del Islam en la escuela pública.
- Levantar un "muro infranqueable" en Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles situados en África.
- Suspensión del Espacio Schengen (que prescinde de los controles fronterizos) "hasta que exista la garantía europea de que no lo utilizara los criminales para huir de la Justicia […] ni lo aprovechen las mafias de la inmigración ilegal".
- Reforma fiscal en la medida de una "reforma radical" del impuesto sobre la renta de las personas; reforma de otras tasas y en algunos casos su suspensión.
- Derogación de la ley de violencia de género y promulgación en su lugar de una ley de violencia intrafamiliar "que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños".
- Fin de subvenciones públicas a "partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico".
- Eliminación del jurado en los tribunales de justicia.
- Excluir de los beneficios penales a los condenados por terrorismo.
- Tipificar como delito el "despilfarro público".
- Nuevo tratado de la Unión Europea, como defienden los países del grupo de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa), en cuanto a "respeto por los valores de la cultura europea".
Los adversarios de Vox están más que preocupados. Están desconcertados. Asustados. Todos apuntan contra él. Tanto el PP como Ciudadanos han endurecido sus mensajes para recuperar votos por la derecha. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) invoca el peligro potencial de involución social y democrática que representa una formación de estas características.
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Las redes sociales ardieron tras estos comentarios poco afortunados. El propio implicado, de nombre Rubén Amón, tuvo que defenderse como pudo:
"No llamo borrachos a los votantes de Vox. Hablo con ironía del cuarto gin-tonic como desinhibidor de los complejos y las dudas. Llevamos dentro un votante de Vox. La cuestión es controlarlo. Porque es un partido antifeminista, eurófobo, nacionalista, xenófobo y confesional".
El problema de fondo no es que sus rivales, independientemente de su ideología, le tengan miedo a Abascal —que lo tienen—, sino que la actual ley electoral española, que tiene 34 años de antigüedad, se ha quedada obsoleta para los tiempos que corren.
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Pero ninguno de los dos partidos históricamente mayoritarios, ni el PSOE ni el PP, quiere poner el cascabel al gato porque la norma fue diseñada para anclar el bipartidismo que tanto les beneficia mutuamente. Esa legislación debería ser reformada en profundidad, porque, entre otras cuestiones, no tiene en cuenta los fuertes cambios sociales y políticos que han introducido las nuevas tecnologías y especialmente la irrupción de Internet.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
