Un 7,5% de la población infantil del país se encuentra en esta situación, eso impacta a más de 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos.
"Este contexto, sumado a uno de profundo racismo, explica la actividad económica de los menores. Si los niños y niñas pertenecen a poblaciones de pueblos originarios, ocho de cada 10 son pobres. Nacen con oportunidades negadas por origen. La situación es tan grave que el código postal donde nace un niño determina su proyecto de futuro", explicó.
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Así, en México se descompuso el elevador de la movilidad social. Y esto es aún peor en el caso de las niñas, ya que a la situación anterior se le suma la discriminación por género.
El porcentaje de niñas y adolescentes mujeres que no asisten a la escuela por realizar estas actividades es de 30%, mientras en sus pares varones, este porcentaje es del 15%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En México el trabajo es legal a partir de los 16 años pero con ciertas condiciones; debe haber autorización de los padres o tutores, los menores no deben abandonar la escuela, y tiene que haber un reconocimiento de la Secretaría de Trabajo de los implicados en las labores.
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Sin embargo, "la Secretaría tiene poco personal y hace mucho tiempo que no hace supervisión de condiciones de trabajo en menores. Además la mayoría de los que trabajan lo hacen de manera informal".
"Las desventajas en las que viven mucho niños los obliga a buscar formas de subsistir. Por un lado el trabajo infantil representa una estrategia de supervivencia para acceder a los derechos que el Estado no garantiza. Por otro, en comunidades indígenas el trabajo es parte de un aprendizaje de una habilidad que puede garantizarles una mejor calidad de vida en el futuro", dijo a Sputnik.
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Los datos del Inegi indican que el estado de Nayarit es donde se encuentra la mayor tasa de trabajo infantil con 19,7% del total de menores. Muchas de esas situaciones de explotación suceden en el mundo rural.
"Hace muchos años existe la esclavitud de menores, como en los cultivos de amapola en Guerrero. La situación de los menores está invisibilizada. En las autoridades prima la idea de que los niños son propiedad de la familia, esto anula la acción del Estado que en realidad es el responsable de su porvenir. Solo el 15% de los niños y niñas de este país tienen garantizados todos sus derechos", concluyó Pérez García.
