"Es una decisión que se tomó en la Cámara de Diputados en términos generales; se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa", dijo este 25 de abril en su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La propuesta tuvo 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones.
"Los diputados votaron para cancelar la reforma educativa impuesta y ordenada desde el extranjero, y celebro que se haya avanzado en ese sentido; no está de más recordar que esa reforma es parte de la agenda que se definió en extranjero durante el periodo neoliberal", agregó el presidente.
De esta manera se modificaría la reforma educativa aprobada por acuerdo de todos los partidos en 2013, durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en el marco del llamado Pacto por México, que impulsó 12 reformas estructurales en el área energética, de telecomunicaciones, fiscal y laboral, entre otras.
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El tema más controvertido del dictamen aprobado en la Cámara Baja establece que la "admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o directivo" y el diseño de planes educativos se definirán en las leyes secundarias, en cuyo diseño podrá participar el magisterio organizado.
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El mandatario dijo que la contrarreforma "garantiza que la educación en todos los niveles será gratuita, de calidad, pluricultural en todos los niveles, como derecho, no como privilegio, no como mercancía".
Tras una negociación prolongada, los legisladores introdujeron cambios de última hora después de la medianoche del miércoles, para permitir la participación del gremio magisterial.
El mandatario recordó que, en los años 90, otra reforma eliminó la gratuidad de la educación en el nivel medio y superior, cuando "se entregó la educación al mercado, para que pudiese tener acceso [solamente] el que contara con recursos" económicos.
En cuanto a la reforma de 2013, que establecía evaluaciones obligatorias a los maestros para conservar las plazas magisteriales, "solo logró afectar la dignidad de los maestros", dijo el presidente.
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El dictamen aprobado regresa el control administrativo de la planta docente a los gobiernos de los 32 estados de la federación, pero el pago de nómina sigue siendo responsabilidad del Gobierno federal.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), votó en contra de la propuesta, con el argumento de que la participación del gremio magisterial permite "la corrupción y el tráfico de plazas de maestros".
Los métodos de selección de personal educativo quedaron fuera del dictamen y serán discutidos en una ley reglamentaria secundaria, en cuyo diseño participará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La CNTE tiene sus principales bases en los estados del sur, los más pobres del país, donde viven la mayoría de las comunidades indígenas que rechazan los estándares federales.
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La coordinadora es disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el gremio educativo más grande de América Latina, con más de 1,6 millones de afiliados.