"Resulta incomprensible que el Fiscal le diga a la opinión pública que un artículo que él mismo vigiló y que tuvo en sus manos antes de ser presentado al Congreso haya sido una especie de estratagema para permitir la no extradición de narcotraficantes", dijo Cepeda en una rueda de prensa.
En marzo, el Gobierno objetó seis de 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP por considerarlos inconvenientes, en lo cual también se mostró de acuerdo el fiscal Martínez.
Sin embargo, la Cámara de Representantes de Colombia rechazó el pasado 8 de abril las objeciones que presentó el Gobierno, por lo que el 29 de abril el Senado deberá decidir si aprueba o rechaza dichas objeciones.
Entre los seis artículos que objeta el Gobierno se encuentra la extradición, y según Cepeda el fiscal Martínez tendría intenciones de generar ante la opinión pública "la sensación de que alguien estaría promoviendo la no extradición de miembros de esta banda criminal [Clan del Golfo]".
El senador agregó que se reunió con líderes del Clan del Golfo con anuencia del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) para evaluar un eventual sometimiento a la justicia, pero no para negociar con ellos algo referente a posibles extradiciones por hechos relacionados con narcotráfico.
"Que me responda claramente cuáles son sus intenciones y si esto lo está haciendo para presionar de alguna manera el debate que se llevará a cabo el próximo lunes en el Senado con relación a la ley estatutaria de la JEP y a las objeciones que ha presentado el presidente de la República [Iván Duque]", dijo Cepeda.
Tras conocer las declaraciones de Cepeda, Martínez negó que la Fiscalía investigue al senador de izquierda y advirtió de los riesgos que implica derogar la extradición.
"Aquí no hay investigaciones, aquí lo que hay es un señalamiento muy claro. Les estoy diciendo a los colombianos que en el artículo 156 de la ley estatutaria de la JEP, por la puerta de atrás se quiere acabar la extradición en beneficio de organizaciones criminales", dijo Martínez.
Señaló que "derogar la extradición es altísimamente inconveniente" para la paz de Colombia y que por ello, en el debate del 29 de abril en el Senado sobre las objeciones a la JEP, se debe dar una discusión "con serenidad" sobre el asunto.
Con las objeciones el Gobierno busca que se aclare cómo los victimarios deben reparar a las víctimas, que el Alto Comisionado para la Paz sea el encargado de verificar quiénes son las personas que participan en el proceso de desmovilización y que se defina en cuáles circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la justicia ordinaria.
Asimismo, las objeciones buscan que los delitos de lesa humanidad no puedan ser juzgados por la justicia transicional, que se precise el proceso de extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo de Paz y que no se condicione la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término.
