"La ley sancionada contiene un conjunto de medidas de uso de tecnologías que van a facilitar el acceso a procesos transparentes", dijo en conferencia de prensa la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, explicando la parte más polémica de la norma.
La patronal Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que en los dos últimos meses había tratado inútilmente de frenar el proyecto, reiteró este 26 de abril su denuncia de que la llamada Ley de Abreviación Procesal, que todavía debe ser promulgada por el presidente Evo Morales, "representa otro golpe financiero al sector".
La sanción de la ley, impulsada por el oficialismo luego de que una ola de protestas bloqueara hace dos años una amplia reforma judicial, desata nuevas discordias entre los medios privados, generalmente de línea conservadora, y el Gobierno de Morales que parece dar preferencia a los medios estatales y comunitarios.
La líder oficialista del Senado destacó que la eliminación de la publicación impresa de edictos y otras resoluciones y notificaciones judiciales es parte de un uso intensivo de la tecnología en los procesos judiciales, "para facilitar el acceso a procesos transparentes".
"Se dan 150 días para la entrada en vigencia y esperamos que a partir de septiembre ya tengamos a disposición la ley para su puesta en vigencia y empiecen a sentirse los primeros resultados de esta búsqueda de una mayor accesibilidad de la justicia y garantías para las víctimas, en especial mujeres y niños", dijo.
El presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp, dijo a reporteros que esa organización denunció la eliminación de los avisos judiciales impresos ante la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Añadió que los medios impresos sufren además "pérdidas cuantiosas", que no precisó, por la publicación de avisos de promoción de leyes contra la discriminación y la violencia, a la que están obligados por ley sin recibir pago alguno.
La semana pasada, la ANP se reunió con el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, para plantearle estas observaciones y otras referidas a la distribución de la publicidad estatal, según informó la agencia estatal de noticias ABI.
