"En esta audiencia no sólo está en juego el derecho a la información; está en juego la vida futura de Assange. Si se acordara extraditarlo a los EEUU (…) el mayor riesgo es que Assange reciba la pena de muerte; en ese caso, hay que preguntarse en qué situación quedaría la credibilidad y seriedad del Gobierno británico y ecuatoriano", dijo Paz y Miño a Sputnik.
Assange fue despojado el 11 de abril del asilo que le proporcionaba Ecuador en su Embajada en el Reino Unido y detenido por la policía británica por violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012.
Este 2 de mayo se inició la audiencia por la extradición de Assange a EEUU para ser juzgado por las filtraciones de su portal WikiLeaks.
Durante la audiencia, el activista dijo que no deseaba ser entregado por "haber hecho un periodismo que ha ganado muchos premios y ha protegido a muchas personas".
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El 1 de mayo Assange fue condenado por el Tribunal de Magistrados de Westminster a 50 semanas de prisión por burlar las condiciones de su libertad en junio de 2012.
"El Gobierno de Ecuador no tomó en cuenta la gravedad del hecho y ha justificado su decisión con razones secundarias y algunas incluso vergonzosas. No ha demostrado una base jurídica sólida con referencia nacional o internacional. Ha roto con el principio internacional del asilo", agregó.
En caso de que Assange sea condenado a pena de muerte, "el responsable histórico de este hecho será el Gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno", afirmó Paz y Miño.
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Dijo que Otro de los temas que entra en discusión por este caso es la libertad de información frente al interés de las grandes potencias para que no se conozcan sus actuaciones en forma transparente.
Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.
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El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre las guerras de EEUU en Irak y Afganistán, así como cientos de miles de cables diplomáticos, entre otros secretos de Estado.
Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto.
