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Organizaciones reclaman al Gobierno argentino por cuestionar la CIDH y la Corte-IDH

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BUENOS AIRES (Sputnik) — Más de un centenar de organizaciones y personalidades de Argentina reprocharon la posición que evidenció el Gobierno argentino en una declaración junto con Brasil, Chile, Colombia y Paraguay en la que criticaron el funcionamiento de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"El Gobierno argentino vuelve a demostrar la intención de debilitar el mecanismo de protección regional", señalaron en su misiva en alusión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que integran ambas instituciones.

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Las entidades firmantes pidieron al Ejecutivo de Mauricio Macri "que revierta su posicionamiento frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos" ante su "claro propósito de socavar la autonomía e independencia de sus órganos", en concreto la CIDH y la Corte-IDH.

Esta actitud del Gobierno había quedado de manifiesto "con la presentación sucesiva de dos candidatos absolutamente inidóneos para integrar la CIDH", señalaron en alusión a los cuestionados Carlos Horacio de Casas y Alfredo Vítolo, ambos abogados.

El Gobierno chileno de Sebastián Piñera envió una declaración a la CIDH a la que se sumaron los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay en la que se cuestionaba el "margen de autonomía" de sus respectivos países para asegurar el respeto de los derechos humanos.

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En el documento entregado el 11 de abril pasado al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, los cuatro Gobiernos expresaron pidieron la "adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de aquel de cara a los desafíos del siglo XXI".

En su carta, las gestiones de Piñera, Macri, el brasileño Jair Bolsonaro, el colombiano Iván Duque y el paraguayo Mario Abdo Benítez reivindicaron "el principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema interamericano".

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También reclamaron un mayor margen de autonomía, la "aplicación estricta" de fuentes del derecho internacional y la proporcionalidad y adecuación constitucional de las medidas de reparación.

"La invocación genérica de estas nociones hace evidente lo que está en juego en realidad: un nuevo intento por limitar el margen y alcance de las decisiones que los órganos del Sistema pueden tomar en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos que no han recibido respuesta a nivel nacional, y para la garantía de su no repetición", consideraron las instituciones y referentes firmantes.

De acuerdo con este análisis, la carta enviada al Gobierno argentino insistió en que sus autoridades "procuren resguardar a los órganos del SIDH frente a cualquier amenaza a su efectividad como mecanismo de protección de los derechos humanos".

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Entre las más de cien organizaciones que suscriben esta carta destacan organizaciones humanitarias como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)

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También firman el documento agrupaciones gremiales como la Asociación Civil de la rama autónoma de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) o la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadú).

Se sumaron a la iniciativa entidades civiles como la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Red de Defensorías Territoriales de Derechos Humanos, y el Centro de Estudios Alfredo Ferraresi.

Entre las autoridades destacan a su vez la referente feminista Marta Alanis; el abogado y exjuez León Carlos Arslanian; la historiadora Dora Barrancos; la profesora Paola Bergallo; el profesor investigador Juan Gabriel Tokatlian; la diputada Victoria Donda; el criminólogo Enrique Font; la abogada Natalia Gherardi y el jurista y académico Roberto Gargarella, entre otros. 

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