"Aquí hubo una estafa política electoral" de parte del ahora presidente, dijo a Sputnik Jorge Coronado, miembro de la coordinación del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco).
Una de las primeras medidas del presidente costarricense fue la de promover una reforma tributaria dirigida a reducir el gasto público a partir del aumento de la carga fiscal y de un recorte de los sueldos y los complementos salariales de quienes trabajan en el Estado, amputando un histórico beneficio de los trabajadores de la administración pública.
"Es fundamentalmente un plan fiscal que más que concentrarse en la parte de la recaudación se concentra en el gasto", explicó a esta agencia el director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, Andrés León Araya.
La propuesta del Ejecutivo, aprobada finalmente en diciembre de 2018, generó durante su discusión una huelga de más de tres meses de duración, la más extensa en el país centroamericano en casi 20 años.
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El impacto de la huelga fue tal que obligó al presidente a cancelar su asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
"El año entero se lo comió la discusión fiscal y las huelgas", graficó León Araya.
Elección sui generis
Algunas cifras ayudan a dimensionar el estado de la actual administración a un año de comenzar sus funciones.
Para peor, el desempleo en el último trimestre de 2018 fue de 12%, la cifra más alta de los últimos diez años, lo que profundiza el sentimiento de rechazo de la gestión presidencial entre la población costarricense.
"Ha hecho una política de golpear a la clase trabajadora; ese ha sido su norte", afirmó Coronado.
Tanto León Araya como Coronado coinciden en que la actual situación puede ser en parte explicada por la inesperada victoria de Carlos Alvarado en las elecciones del año pasado, en las que el actual mandatario derrotó al candidato evangelista Fabricio Alvarado.
A principios de 2018, a poco menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones nacionales, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el país centroamericano debía reconocer el derecho a la identidad de género y garantizar la no discriminación de las parejas del mismo sexo.
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La sentencia polarizó la contienda, que se centró en los derechos y las identidades sexuales, y en quienes más firmemente se posicionaron a favor y en contra de la iniciativa: Carlos Alvarado, y el entonces diputado Fabricio Alvarado, del partido evangélico Restauración Nacional, quienes finalmente pasarían a la segunda vuelta.
Para el portavoz de Bussco, el tono de la campaña permitió a Alvarado "no tener necesidad de sacar su agenda económica"; incluso tras ser electo presidente y en aras de la "unidad nacional" delegó el manejo de la economía en integrantes del Partido Unidad Social Cristiana, histórica agrupación neoliberal costarricense.
Sin embargo, tampoco el Poder Ejecutivo impulsó los temas de la agenda de derechos que en definitiva permitieron que Alvarado accediera a la presidencia.
Con apenas diez legisladores de los 57 que integran la Asamblea Legislativa, el PAC se vio obligado a hacer acuerdos con la derecha neoliberal para implementar estas políticas económicas y fiscales, lo que supuso encajonar proyectos de ley como el aborto terapéutico y el matrimonio entre personas de mismo sexo, entre otros.
"Alvarado quiso vestirse con un ropaje más o menos progresista y es un conservador", afirmó Coronado.
Carlos Alvarado asumió como el 48 presidente de Costa Rica el 8 de mayo de 2018 por un periodo de cuatro años.