El organismo señaló en un comunicado que "conceptuó ante la JEP que Omaira Rojas Cabrera, conocida en las FARC como ´Sonia´, pese a su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, tiene pendiente en Colombia una condena y para recibir el beneficio de la amnistía debe decir la verdad sobre lavado de activos".
La exguerrillera, quien estuvo 11 años en prisión por orden de la Corte del Distrito de Columbia (EEUU), fue deportada a Colombia en septiembre pasado por solicitud del Juzgado Séptimo, que la condenó a 98 meses y al pago de una millonaria multa como coautora del delito de lavado de activos.
Ese juzgado la encontró responsable de administrar los recursos económicos del frente XIV de las FARC, derivados del cobro de multas y los llamados "impuestos de guerra" a hacendados y ganaderos para financiar la subversión.
"Para el Ministerio Público si bien es posible que la JEP conceda a Rojas Cabrera el beneficio de la amnistía por el delito de lavado de activos, como condición debe pedir a la exguerrillera verdad plena sobre la comisión de este delito", indicó la Procuraduría.
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"La condición fundamental tiene que ver con que los delitos tengan relación directa con el conflicto armado", por lo que la Procuraduría subrayó que "solo en la medida en que los delitos comunes hayan sido cometidos en conexidad con los políticos (…), pueden ser objeto de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz y por esa vía de eventuales amnistías".
Rojas Cabrera fue extraditada en 2005 a EEUU luego de que el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) avaló el pedido de ese país por el delito de narcotráfico.
