El presidente de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos relativos a Birmania, Marzuki Darusman, declaró este 14 de mayo que se debe aislar y enjuiciar a los jefes de las Fuerzas Armadas del país sospechosos de haber cometido genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.
Dijo que "Birmania no hizo lo suficiente para zanjar el conflicto étnico y proteger los derechos humanos, incluidos los de más de un millón de los rohinyás que se vieron en el exilio".
Recordó que las operaciones llevadas a cabo por los militares birmanos en el estado de Rakáin en 2017 obligaron a más de 800.000 rohinyás a abandonar sus hogares y situaciones similares se dieron en 2012 y 2016.
Los rohinyás se establecieron en Arakán (antiguo nombre de Rakáin) a finales del siglo XIX y a principios del XX, durante la época colonial cuando los británicos alentaron su traslado desde Bengala Occidental al norte de Birmania por la escasez de mano de obra agrícola.
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Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana estimada entre 1,1 y 1,5 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes; el conflicto y la crisis humanitaria se agravaron especialmente con la transición política de un régimen militar a uno civil ocurrida entre 2011 y 2012.
