Exguerrillero 'Jesús Santrich' es liberado para ser detenido nuevamente

"Como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a (Seuxis Pausias) Hernández Solarte", conocido como Jesús Santrich, indicó la fiscalía en un comunicado.

El asunto medular del comunicado de cuatro puntos indica que "dentro de esas nuevas evidencias, se obtuvo por fiscales colombianos adscriptos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico la declaración del señor Marlon Marín Marín".

Marlon Marín, quien permanece en una prisión en Estados Unidos, colabora con la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por su sigla en inglés), en el caso que compromete a Santrich con un supuesto acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares.

La fiscalía asegura que la nueva orden de detención fue solicitada el 16 de mayo a un juez de control de garantías de Bogotá.

Santrich, fuertemente escoltado y en silla de ruedas, apenas traspuso las puertas de la cárcel bogotana de La Picota cuando agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la fiscalía lo rodearon, le leyeron su nueva orden de detención y lo regresaron al recinto carcelario.

Un helicóptero policial llegó minutos después para trasladarlo al búnker de la fiscalía.

La acción de la fiscalía fue adoptada luego de que el miércoles el tribunal de justicia transicional Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denegara la extradición de Santrich a EEUU para juzgarlo por narcotráfico.

La JEP, sistema de justicia transicional creado para juzgar crímenes de los combatientes en la guerra civil que terminó en 2016, dictaminó el miércoles que no concedería la extradición y ordenó a la fiscalía ponerlo en libertad de manera inmediata.

Los delitos que se achacan al exguerrillero de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del acuerdo de paz entre esa guerrilla y el Gobierno, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplables por la justicia transicional de la JEP.

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La JEP solicitó a EEUU a través de la cancillería colombiana "las evidencias que soportan el pedido de extradición" de Santrich para evaluar en particular las fechas de los hechos.

El Departamento de Justicia de EUU rechazó la petición de la JEP por considerar que todas las pruebas en contra de Santrich estaban citadas en la petición de extradición.

La JEP sostuvo en su comunicado del miércoles que "con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización".

Así, "la aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la Sección (de Revisión de la JEP) no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición".

La JEP observó además irregularidades en el trámite de extradición, porque la fiscalía no presentó la "solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera".

Con todo, el tribunal advirtió que esta decisión "no implica que la conducta se quede sin investigar y, en consecuencia, de conformidad con el principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar) (…) compete a las autoridades judiciales nacionales (transicionales u ordinarias, según corresponda) definir si tienen competencia para investigar los hechos sobre la base de elementos de prueba obtenidos legalmente".

En este punto se asienta la decisión de la fiscalía de cumplir primero con la orden de libertad de Santrich y luego volver a detenerlo para investigarlo en Colombia.

"En el fundamento de esta providencia se dispuso que las autoridades judiciales nacionales investiguen la conducta de narcotráfico por la cual las autoridades de Estados Unidos requieren en extradición al señor Hernández Solarte", dijo la fiscalía.

La decisión de la JEP fue seguida de la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez y de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

En virtud del acuerdo de paz, el partido creado por la disuelta guerrilla Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) obtuvo 10 escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado) por un plazo de 12 años.

Santrich resultó elegido en los comicios de marzo de 2018, pero un mes después fue detenido, por lo que se presumía que, una vez liberado, ocuparía su escaño en la Cámara de Representantes.