"No considero que haya sido un error no haber sometido la firma del TPP11 a una consulta indígena, porque este no es un tratado de derechos humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene un rango distinto para este acuerdo comercial", señaló el alto funcionario de la cancillería chilena.
Esto, en el marco del Convenio 169 de la OIT, que obliga a los Gobiernos a consultar a los pueblos originarios que se vean afectados por una nueva medida legislativa o administrativa.
Yáñez explicó que en 2016 el Gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) "determinó que ninguna disposición de este acuerdo afecta directamente a los pueblos originarios, y por eso no se hizo consulta".
"Si en el futuro el acuerdo TPP se modifica, o entran en rigor nuevas normas que sí afecten a los pueblos, en ese caso sí haríamos consulta", aseguró.
Beneficios
Esta semana, las autoridades de comercio de Japón, Singapur, Canadá, Nueva Zelanda y Vietnam, junto a la Cancillería de Chile, realizaron una conferencia de prensa desde Santiago con el objetivo de enumerar cuáles han sido los principales beneficios que la ratificación del acuerdo ha significado para sus naciones.
Para Yáñez es fundamental que el Congreso chileno se manifieste a favor del acuerdo, ya que "está demostrado que los países que [lo] han ratificado han comenzado a aumentar sus exportaciones, y en algunos casos hasta un 25%".
"Los ministros y autoridades de los países que ratificaron (el acuerdo) explicaron que en todos los países hay situaciones similares (de resistencia), pero es importante ir desmitificando y afirmar que el TPP11 no contiene ningún aspecto que restrinja o aumente el precio de los medicamentos, o que limite el uso de semillas o propiedad intelectual", aseguró.
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Luego de varios debates, en abril de este año la Cámara de Diputados chilena decidió ratificar el acuerdo firmado en 2018, que ahora será analizado y votado por el Senado.
El TPP11 es una modificación del Acuerdo Transpacífico (TPP) original, firmado en 2016 y que incluía entre sus miembros a Estados Unidos.
El nuevo tratado establece estándares en múltiples ámbitos en materia de derechos laborales, responsabilidad social empresarial, ambiente, políticas de género, propiedad intelectual, pequeñas y medianas empresas, grupos minoritarios e indígenas, entre otros.
Los estados firmantes del TPP11 son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam.
Las organizaciones civiles de Chile alegan, entre otras críticas, que este acuerdo permitirá que las empresas privaticen distintas variedades de semillas, impidiendo el libre cultivo.
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Sostienen además que el TPP11 otorga jurisdicción exclusiva a tribunales internacionales que podrían fallar a favor de multinacionales en perjuicio del Estado de Chile.
