"Este tipo de actitudes [archivar el proyecto sobre la inmunidad] indican que no hay voluntad en el Congreso de cambio para llegar al Bicentenario [de la independencia de Perú en 2021] con una mejor posición", dijo el mandatario en una rueda de prensa en la sede del parlamento.
Ambos funcionarios iban a contestar las preguntas sobre el tema de parte de la Comisión de Constitución parlamentaria, encargada de atender y determinar si los proyectos del Ejecutivo suben al pleno para su debate y eventual aprobación.
En un acto sorpresivo, el jefe de Estado decidió acompañar a sus ministros hasta el Legislativo para comunicar personalmente a la Comisión de Constitución la negativa de someterse al interrogatorio.
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El presidente explicó que el rechazo a comparecer se debe a lo que considera una mala disposición del Legislativo para dar luz verde a la reforma política, lo que se vio reflejado, a su entender, cuando el primer proyecto que debatió la Comisión de Constitución fue archivado.
En Perú, los congresistas gozan de inmunidad parlamentaria, lo que impide a la justicia que se les abra investigaciones sobre presuntos delitos durante el ejercicio de su cargo, salvo lo autorice el pleno en una votación.
El proyecto de ley propone que el retiro de la inmunidad no esté en manos del Congreso sino que lo decida la Corte Suprema, a fin de evitar que los legisladores se encubran entre sí, evitando ser alcanzados por la justicia.
Asimismo, Vizcarra afirmó que en poco más de un mes desde que se presentó la reforma política al parlamento "no se ha avanzado casi nada".
En diciembre pasado, Vizcarra anunció una reforma política para el país, para lo cual convocó a una Comisión de Alto Nivel para que elaborase iniciativas legislativas.
Luego de presentadas las propuestas de la Comisión, el 11 de abril pasado el Ejecutivo entregó al Congreso 12 proyectos de ley a la espera de que apruebe su discusión en el pleno.
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Estos proyectos buscan el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de establecer contrapesos entre ambos estamentos del Estado.
El punto de la reforma de mayor notoriedad es el que plantea la prohibición de postular inmediatamente a la persona que ejerza la presidencia de la República.
Asimismo, el Ejecutivo plantea que los mandatos en los gobiernos regionales y municipales duren cinco años, a diferencia de los cuatro actuales, y que sus elecciones coincidan con los comicios a la Presidencia y al Congreso.
Por otro lado, se propone que las elecciones legislativas se realicen recién en la segunda vuelta de las presidenciales, a fin de mejorar la calidad de la representación.
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Otra reforma propone mayor control y fiscalización sobre los aportantes de los partidos políticos a fin de evitar el apoyo económico proveniente de fuentes ilícitas.
Esta reforma ha sido criticada y resistida por el parlamento, dominado por el partido opositor Fuerza Popular (fujimorista, derecha) y cuyas relaciones con el Ejecutivo son tensas.