"El proyecto de ley fue concebido dentro de un equilibrio, respetando la libertad religiosa, respetando el espacio de los templos, pero modernizando nuestra legislación y evitando que otros poderes, como el poder judicial, se vean obligados a legislar en nuestro lugar", explicó el relator del texto, el senador Alessandro Vieira, según recoge el diario O Globo.
La propuesta (que aún debería votarse en el plenario del Senado y en la Cámara de Diputados) equipara las agresiones al colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) a los supuestos que recoge la Ley de Racismo, que existe desde hace años y prevé penas de uno a cinco años de cárcel.
La opción que se baraja en el Supremo no incluye ninguna excepción para las iglesias, y los grupos evangélicos más fundamentalistas temen que los pastores más radicales puedan acabar en la cárcel debido a los discursos de odio que profesan en los templos.
La deliberación de los jueces se debe a que el colectivo LGTBI, a través de asociaciones de la sociedad civil, recurrió al Supremo alegando que el poder legislativo estaba siendo omiso, por no haber producido ninguna ley en este sentido en los últimos 20 años.
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En Brasil, todas las conquistas de derechos de la población LGTBI (como el matrimonio y la adopción por parte de parejas homosexuales) se deben a decisiones judiciales, y no a ninguna ley aprobada en el Parlamento.