En un escrito emitido este 23 de mayo, el magistrado Manuel Marchena afirma que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable" la elaboración del informe que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, había solicitado al alto tribunal antes de decidir sobre el caso.
Los diputados son Oriol Junqueras, Jordi Turrull, Jordi Sánchez y Josep Rull, a los que se suma Raül Romeva, que fue elegido como senador.
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Ahora, tras la asunción de su cargo, los órganos rectores de las cámaras deben dilucidar si su situación de prisión provisional es compatible con la actividad parlamentaria.
Además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Reglamento del Congreso de los Diputados también contempla la suspensión de los parlamentarios en situación de prisión preventiva.
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La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, afirmó en los últimos días que "todo apunta" a que estos diputados deberán ser suspendidos de sus funciones, pero llamó a "respetar los tiempos" e incluso pidió un informe sobre el caso al Tribunal Supremo, que este 23 de mayo se negó a actuar como órgano consultivo, algo que no le compete.
El principal partido de la oposición, el Partido Popular, anunció este 23 de mayo que adoptará acciones legales contra Batet si no se procede de manera "inmediata" a la suspensión de los diputados catalanes.
En concreto, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, afirmó que pedirán su reprobación en el Congreso e incluso se planteó la posibilidad de acudir a los tribunales.
