"La cuestión de confianza es una potestad que puede utilizar el Poder Ejecutivo en su momento, de acuerdo al escenario político. Yo no descarto la posibilidad (de aplicar la cuestión de confianza al parlamento)", expresó Zeballos en declaraciones al multimedio RPP.
En Perú, la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede conminar al Congreso a que otorgue su respaldo a una política de Estado.
Si en un sólo mandato presidencial, el Ejecutivo pide su respaldo al Congreso en dos ocasiones y éste se lo niega, el presidente puede proceder constitucionalmente al cierre del parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas.
En el presente gobierno, al Congreso ya se la aplicó la cuestión de confianza una vez en 2017, y se negó el respaldo al Ejecutivo, por lo que una segunda negativa podría facultar al jefe de Estado, Martín Vizcarra, a proceder con el cierre.
El ministro precisó que un eventual uso de la cuestión de confianza se haría únicamente para expresar el "profundo rechazo" del Ejecutivo frente a la falta de apoyo del Congreso a la reforma política.
En diciembre pasado, el presidente Vizcarra anunció una reforma política, para lo cual convocó a una Comisión de Alto Nivel para que elaborase iniciativas legislativas.
Luego de presentadas las propuestas de la Comisión, el 11 de abril el Ejecutivo entregó al Congreso 12 proyectos de ley a la espera de que apruebe su discusión en el Pleno.
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Estos proyectos buscan el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de establecer contrapesos entre ambos estamentos del Estado.
El punto de la reforma de mayor notoriedad es el que plantea la prohibición de postular inmediatamente a la persona que ejerza la presidencia de la República.
Por otro lado, propone que el retiro de la inmunidad parlamentaria, que impide que los congresistas sean procesados por la justicia en el ejercicio de sus cargos, sea decidido por la Corte Suprema y no por el mismo Congreso, como sucede ahora.
Otro proyecto destacable es el que propone prohibir la postulación a cargos públicos a personas que tengan sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso con una pena mayor a cuatro años de prisión.
Otra iniciativa propone mayor control y fiscalización sobre los aportantes de los partidos políticos a fin de evitar el apoyo económico proveniente de fuentes ilícitas.
Esta reforma ha sido criticada y resistida por el parlamento, dominado por el partido opositor Fuerza Popular (derecha), y cuyas relaciones con el Ejecutivo son tensas.
