"La decisión de hoy supone una victoria de la razón, de los argumentos jurídicos, de la ley y de todos aquellos españoles que se avergüenzan del bochornoso espectáculo que vivimos el pasado martes (21 de mayo)", dijo en rueda de prensa el número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, en referencia a la sesión constitutiva del Congreso, en la que los diputados presos fueron el foco de atención.
Pese a celebrar la decisión, el Partido Popular lamentó que la suspensión no se produjera el mismo día que estos diputados tomaron posesión del cargo, es decir, el 21 de mayo.
Sin embargo, el Partido Popular considera que la intención de Batet —miembro del PSC, la rama catalana del PSOE de Pedro Sánchez— pretendía aplazar la decisión hasta la semana que viene, una vez pasadas las elecciones municipales, autonómicas y europeas de este 26 de mayo.
"Su intención no era otra que aplazar esa decisión para intentar que se tomase más allá de las elecciones del domingo", dijo García Egea, que atribuyó la toma de la decisión este 23 de mayo a la presión ejercida por su partido, que llegó a amenazar a Batet con la presentación de una querella por prevaricación si seguía posponiendo el veredicto de la Mesa del Congreso.
En un sentido similar se expresó José Manuel Villegas, número dos de la formación liberal Ciudadanos, que acusó al PSOE de permitir que los diputados independentistas "insultaran" a la ciudadanía.
A su modo de ver, el hecho de que la suspensión se haya adoptado este 23 de mayo y no el día 21 se debe a que "Sánchez no quiere quedar mal ante los golpistas".
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Por su parte, el partido de ultraderecha Vox también celebró la suspensión, aunque acto seguido solicitó que los cuatro diputados sean invalidados de forma permanente, ya que la suspensión solo es aplicable mientras se encuentren en prisión provisional, lo que no impide que vuelvan a ocupar su escaño si son puestos en libertad a la espera de que se emita una sentencia sobre su caso.
Estas cuatro personas, que llevan más de un año en prisión provisional, fueron elegidas como diputados en las elecciones generales del pasado 28 de abril en España.
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La suspensión fue adoptada tomando como base la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se establece que las personas que ostenten un cargo público quedarán "automáticamente suspendidos" mientras se encuentren en una situación de prisión provisional fijada en un auto de procesamiento en firme.
