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El Parlamento de El Salvador posterga análisis de Ley de Reconciliación Nacional

© AFP 2023 / Jose CabezasSan Salvador, la capital de El Salvador
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SAN SALVADOR (Sputnik) — La Asamblea Legislativa (Parlamento) de El Salvador acordó postergar hasta el 27 de mayo el debate de un proyecto de ley de reconciliación nacional, rechazada por varios sectores que la consideran un mecanismo para amnistiar a responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad.

"La Comisión Política de la Asamblea Legislativa analiza sesionar la próxima semana, a fin de dar a conocer el anteproyecto de Ley Especial Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional y encontrar los puntos coincidentes con la iniciativa presentada por diferentes instituciones", anunció el Parlamento en un comunicado.

La decisión respondió al rechazo de diversos sectores de la sociedad salvadoreña a lo que califican de Ley de Amnistía de facto o enmascarada, entre ellos el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele.

"Anoten los nombres de cada diputado que vote por esta 'Ley de Amnistía' express. Recuerden sus caras la próxima vez que les pidan su voto. Solo legislan para ellos, para su impunidad y la de sus patrones", publicó Bukele en su perfil de la red social Twitter.

El grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) desmintió que se trate de una ley de Amnistía, pues la propuesta contempla que los culpables de violaciones de los derechos humanos sean juzgados y condenados.

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"Se ha decidido que el proceso continúe con la consulta a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las Fuerzas Armadas, y el FMLN está a favor de el resultado tenga en el centro el interés de las víctimas del conflicto", aseguró a la prensa el subjefe de la bancada de izquierda, Jorge Schafik Handal.

El hijo del líder histórico del FMLN, Schafik Handal (1930-2006), insistió en que el Frente promueve "una normativa que permita establecer la verdad sobre hechos violatorios de los derechos humanos, la reparación moral y material de las víctima, el juzgamiento de personas responsables y las medidas para garantizar la no repetición".

Al respecto, propuso que una representación de la iglesia participe junto con las demás organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del proyecto de ley presentado por una comisión creada para analizar los señalamientos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al derogar en 2016 la Ley de Amnistía vigente desde 1993.

"Transparencia, rendición de cuentas y justicia, vitales para verdadera reconciliación", demandó la subsecretaria de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, al pronunciarse sobre el tema en su cuenta de la red social Twitter.

Juan José Martel, único diputado del partido Cambio Democrático (socialdemócrata), afirmó que el documento "enmascara una nueva amnistía" pues no compensa a las víctimas de la guerra que desangró a esta nación centroamericana entre 1980 y 1992, ni garantiza verdad y justicia.

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"Esta ley, si se aprueba, es una herida más que se introduce en el cuerpo de las víctimas y de todos los que sufrieron en el conflicto", afirmó el exdiplomático Rubén Zamora, uno de los representantes del FMLN en la negociación de la paz, rubricada en enero de 1992 en Chapultepec, México.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachellet, instó a los diputados salvadoreños a reflexionar sobre la importancia de avanzar hacia la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como condiciones para la reconciliación nacional.

"Es preocupante que el nuevo anteproyecto de ley se base en los resultados del trabajo de esta comisión, sin que se integre verdaderamente la perspectiva de las víctimas, en particular de las que viven en comunidades rurales cuya voz no ha sido escuchada hasta ahora, y de quienes han vivido los efectos perniciosos del conflicto armado", afirmó Bachelet en un comunicado oficial.

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Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos.

La Comisión de la Verdad de la ONU reflejó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto fueron perpetradas por el Ejército y la extinta Guardia Nacional, así como por los llamados Escuadrones de la Muerte.

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