"[Los diputados] están precisos [urgidos] por aprobar esta impunidad, pues hay interés de la jefatura de que sea sancionada el jueves [el 30 de mayo] por el presidente Salvador Sánchez Cerén, para que el viernes [el 31 de mayo] sea remitida al Diario Oficial y entre en vigor antes del cambio de gobierno, el sábado [el 1 de junio]", afirmó en nombre de las víctimas de la guerra el hijo del asesinado poeta Roque Dalton.
Juan José Dalton estuvo entre los representantes de la sociedad civil consultados por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa (Parlamento) para escuchar sus puntos de vista sobre el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, criticada por muchos como una Ley de Amnistía de facto o enmascarada.
"Hay quien le llama 'Ley de Amnistía', pero eso no es amnistía: eso es una impunidad peor que la que existía. Quienes lucharon en la guerra contra la impunidad, ahora la quieren propiciar", denunció Dalton, en alusión al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), partido surgido de la guerrilla homónima.
Cadenas de mando
Dalton, director del periódico digital Contrapunto, destaca que la normativa establece juzgar a quien ejecutó el delito y no a quien lo ordenó, lo cual considera absurdo, máxime cuando el subordinado que desobedeciera una orden podía ser pasado por las armas, en cualquiera de los bandos.
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Tampoco está de acuerdo con el plazo de cinco meses establecido para definir cuáles crímenes serán juzgados, pese a que los delitos de lesa humanidad y los crimines de guerra no prescriben ni pueden ser sometidos a amnistía.
"Es absurdo, porque en las leyes internacionales se pide que se sancione a las cadenas de mando: quien ordena una masacre es su mayor responsable, y al que desobedecía lo mataban, ya fuera en el Ejército o en la guerrilla", señaló Dalton.
El excombatiente de las Fuerzas Populares de Liberación, uno de los cinco movimientos que se fusionaron en el FMLN, recordó al respecto las masacres del comandante Mayo Sibrián, acusado de matar no menos de mil compañeros de guerrilla por sospechas de traición, muchas veces sin fundamento, con la anuencia de sus superiores.
En su intervención ante la Comisión Política de la Asamblea, Dalton se opuso al actual borrador de la Ley de Reconciliación por considerar que avala la impunidad, y más cuando uno de los presuntos asesinos de su padre ostenta un alto cargo en el gobierno saliente (Jorge Meléndez, director general de Protección Civil).
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Dalton insiste en su demanda de justicia, sanción, reparación integral y garantías de no repetición, tanto para él como para toda víctima de violaciones del derecho internacional humanitario, independientemente del bando en el que combatieran.
Una comisión de la verdad establecida por las Naciones Unidas estimó que la guerra contra varios grupos insurgentes, luego unificados en el FMLN, dejó 75.000 muertos, la mayoría civiles.
