La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación inclusive, y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, o hubo violación.
El proyecto fue elevado para debate con el respaldo de 15 legisladores. La fecha elegida para la presentación -28 de mayo- coincide con el Día Internacional por la Salud de las Mujeres.
Una "ola de pañuelos verdes", símbolo de la lucha feminista en favor de la norma, se realizó en más de 100 ciudades del país para acompañar la propuesta. También se realizaron manifestaciones internacionales en Madrid, Berlín, San Francisco, Toulouse, Estocolmo, Copenhague y Montevideo.
"Es un reclamo nacional porque se siguen muriendo mujeres y jóvenes por abortos clandestinos. Para que este proyecto sea ley decidimos movilizarnos contra la presión de la Iglesia en el Congreso. No va a ser de otra manera", dijo Romina del Plá a 'En Órbita'.
La diputada criticó el sometimiento de bloques políticos mayoritarios ante el 'lobby' clerical y destacó la importancia de la movilización popular para alcanzar los logros del movimiento.
"Esta ola verde que se da en todo el país es la garantía no solo para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, sino para tener una educación sexual laica, científica, obligatoria y respetuosa de la diversidad sexual y del derecho a la anticoncepción", manifestó Del Plá.
Desde 1921 en Argentina se permite el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer y cuando el embarazo es producto de una violación, aunque no precisa las semanas de gestación límite. Sin embargo, muchos médicos y algunos gobiernos provinciales se resisten a aplicar la ley y existen casos de niñas obligadas a continuar el embarazo.
Se estima que un centenar de mujeres muere cada año por abortos clandestinos en Argentina.
Ernesto Ottone, analista chileno y catedrático del Colegio de Estudios Mundiales de Francia, dijo a 'En Órbita' que no le sorprenden estos datos y se refirió a los principales errores tácticos del mandatario.
Además, el redactor jefe de Sputnik Lituania, Marat Qasem, fue expulsado del país y se le prohibió la entrada por 5 años. El periodista denunció que fue detenido en el aeropuerto de la capital, Vilna, al ser considerado una "amenaza a la seguridad nacional".
En los países bálticos, en reiteradas ocasiones las autoridades han obstaculizado el trabajo de los medios de prensa rusos.
La misión de Rusia en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa calificó este hecho como una "grave violación de los derechos de los medios y represión de opiniones alternativas en el país".
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