"Un análisis exhaustivo de la evolución de nueve organizaciones de tráfico de drogas entre 2006 y 2017 concluye que esta violencia ha resultado en un conflicto armado de carácter no internacional, técnicamente llamado CANI", dijo la fundadora en 1989 de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y actual integrante de su consejo directivo.
El estudio ofrece un análisis técnico y jurídico sobre la clasificación de la violencia armada en México para responder la pregunta central acerca de si la situación constituye un "conflicto armado" interno, no internacional, con sus consecuencias jurídica, concluye la investigación copatrocinada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO, jesuita).
En otras palabras, la evidencia empírica concluye que en México "hay una guerra interna en el sentido jurídico del término", agregó.
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Las dos dimensiones clave son, primero "la intensidad del conflicto en términos del número de víctimas" y otros elementos del costo social; y segundo "la dimensión organizacional de los grupos armados criminales, que se enfrentan a las fuerzas del Estado mexicano".
La esencia de esa conclusión es que "abre la posibilidad de aplicar a este conflicto armado el derecho humanitario internacional y calificar las atrocidades ocurridas como crímenes de lesa humanidad, susceptibles de ser conocidos por la Corte Penal Internacional", según la investigación.
Este informe presentado el miércoles 29 evalúa el grado de organización de los "actores violentos no estatales", y concluye que siete de los nueve cárteles criminales del narcotráfico analizados cumplen con el requisito de nivel de estructura requerido en un conflicto armado interno o guerra interna.
¿Una fuerza armada no estatal?
Acosta Urquidi, posgraduada de la Universidad de Essex, Reino Unido, quien ha sido profesora de la American University en Washington, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Berkeley, explica que para arribar a estas conclusiones fue preciso "definir si existía una línea de mando clara, control de territorio, estructuras de organización y armamento complejas", entre otros requisitos.
A pesar de su antigüedad, otros dos cárteles restantes, el del Golfo de México y de los Arellano Félix en Tijuana, "no se consideraron para calificar como un grupo armado organizado", tras su debilitamiento a lo largo de las últimas décadas.
Explica que mantienen esa condición de elevada organización jerárquica los dos más poderosos del país, el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que han hecho alarde de sus fuerzas en vídeos, mensajes y culto a sus líderes.
"En este país tenemos un conflicto armado que produce una violencia muy peculiar, a veces intermitente, que va mutando, como los virus, que se desplaza en el territorio con las implicaciones graves para el Estado", señaló.
Las conclusiones y sus consecuencias también son muy problemáticas, porque en el foro de presentación "hubo voces que recomendaron cautela con usar el derecho internacional humanitario hasta un punto tal que le otorgue estatus de beligerancia a las organizaciones criminales y no es eso lo que queremos", agregó.
El abrumador saldo de víctimas muestra que las fuerzas enfrentadas "están suficientemente organizadas y la situación de violencia ha alcanzado un umbral de intensidad suficiente para caracterizarlo como conflicto armado", según los expertos.
El análisis de la intensidad consideró la violencia en dos fases, en consonancia con las dos administraciones presidenciales: la de Felipe Calderón (2006–2012) y la de Enrique Peña Nieto (2012–2018).
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Más de 200.000 vidas de civiles se han perdido desde que comenzó la guerra frontal contra el crimen organizado en 2007, en la que al menos 40.000 personas han desaparecido, hay 28.000 cuerpos sin identificar en las morgues y más de 1.100 fosas comunes, según las autoridades del nuevo Gobierno que cumplirá seis meses este fin de semana.
