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"El Estado ecuatoriano le falla a las niñas porque las obliga a ser madres"

© Foto : Pixabay / SkitterphotoUna niña (imagen referencial)
Una niña (imagen referencial) - Sputnik Mundo
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El Estado de Ecuador, en los hechos, obliga a las niñas y adolescentes a ser madres porque las políticas que impulsa para prevenir la violencia sexual y el acceso a la salud o a la justicia no son efectivas, dijo a Sputnik la coordinadora nacional de la organización feminista Surkuna, Pilar Raza.

"El Estado ecuatoriano le falla a las niñas porque las obliga a ser madres; no las protege de la violencia sexual sino que, al no existir políticas públicas efectivas, se las revictimiza, y la agresión continúa (...) En todos estos casos consideramos que reina la impunidad, porque el Estado niega a las niñas sobrevivientes el acceso [efectivo] a la salud y a la justicia", afirmó.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador señaló en 2017 que 56.298 bebés nacieron de niñas y adolescentes que tenían entre 10 y 19 años.

Además, el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021 indica que Ecuador es el tercer país a nivel de América Latina y el Caribe con la tasa más alta de embarazo en adolescentes (10-19 años), después de Nicaragua y República Dominicana.

"El embarazo en adolescentes es una prioridad de salud pública en la región de América Latina y el Caribe, puesto que esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial, después del África Subsahariana (...) El 18,3% de las mujeres de 15 a 19 años reportan haber tenido un hijo. Esta cifra ha aumentado en cinco puntos porcentuales", se señala en el Plan.

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A pesar de las críticas de Raza, las autoridades señalan que desde 2017 se impulsaron una serie de planes que buscan prevenir el embarazo en niñas y adolescentes.

En 2017, el Ministerio de Salud Pública lanzó el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021, que busca fortalecer los servicios de salud, reducir las brechas en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, para que las niñas y adolescentes puedan acceder de manera universal a información sobre sexualidad para la "toma de decisiones libres, responsables y saludables".

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Además, el Gobierno impulsó desde el 2017 una serie de programas, como el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, el Plan Nacional de Erradicación de los Delitos Sexuales, y la Política Andina sobre Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes con énfasis en la Prevención del Embarazo, entre otros.

No obstante, Raza afirmó que la situación que vive Ecuador con respecto al embarazo adolescente sigue siendo "muy grave" debido a que estás políticas se enfrentan a una cultura que ampara la "impunidad del violador".

La activista consideró que en este país y en América Latina en general existe una "afectación persistente a la vida digna" de las niñas como resultado de la falta de políticas públicas efectivas frente a la violencia sexual.

"Esta actitud del Estado ecuatoriano se ve en otros estados de América Latina; en general los países le niegan a las niñas sobrevivientes de violencia sexual la oportunidad de una vida digna no solamente al imponerles la maternidad forzada sino que al estigmatizarlas", agregó.

Cuando en los centros de salud se atiende a niñas o adolescentes embarazadas, se pretende que ellas tengan un "sentimiento maternal que supuestamente todas las mujeres obligatoriamente debemos tener", señaló Raza.

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"Quienes hemos sido madres sabemos que eso no es posible, que las niñas no están preparadas y que si es una maternidad forzada, producto de una violencia extrema, ¿cómo le puedes pedir a una chica que tenga ese 'instinto maternal'?", preguntó.

Raza afirmó que si una niña menor de 14 años es embarazada por un varón mayor de 18, existe una violación.

"El aborto (legal) es un asunto que nos atañe a todos y todas, es un tema de derechos humanos; en la mayoría de los países de la región la intervención del embarazo es legal para evitar el peligro en la vida de la mujer (...) puesto que un embarazo implica un grave riesgo para la vida y salud de una niña, el aborto debería ser una opción accesible para las niñas", agregó.

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En Ecuador, la interrupción del embarazo es ilegal y tiene una sanción de pena privativa de seis meses hasta dos años para las mujeres que lo practiquen.

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El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el aborto no será punible solo en el caso de que se practique para "evitar un peligro en la vida de la mujer o cuando el embarazo es consecuencia de una violación a una mujer que padezca discapacidad mental".

En los últimos meses, la despenalización del aborto ha sido analizada en la Asamblea Nacional (Parlamento) en el marco de la reforma COPI, la cual está en primer debate en el pleno.

Raza subrayó que la región y Ecuador en particular no pueden seguir violando los derechos de las niñas y adolescentes.

"La Constitución señala que las mujeres tenemos derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener; yo diría que también tenemos derecho a decidir con quién tener un hijo. A nadie se le puede ocurrir que se nos pueda obligar a parir al hijo del violador (...) Los legisladores no pueden taparse con una venda los ojos y no ver la realidad; la violencia sexual en Ecuador es muy alta: una de cada cuatro mujeres es violentada sexualmente", agregó.

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El 29 de mayo, siete organizaciones nacionales e internacionales iniciaron un litigio contra Ecuador, Guatemala y Nicaragua ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, en nombre de cuatro niñas sobrevivientes de violencia sexual en esos países.

En el caso de Ecuador, tres representantes del Observatorio Social del Ecuador, de Fundación Desafío y de Surkuna presentaron historias y mostraron estadísticas sobre las niñas que fueron forzadas a la maternidad tras una violación.

Uno de los casos presentados fue el de una niña llamada Norma, que quedó embarazada a los 12 años.

"Ella es una niña que fue abusada sexualmente por su padre, quien la obligó a dejar la escuela y encargarse de las labores domésticas; ella ni siquiera sabía qué le pasaba, era una niña que había tenido una sola menstruación pero venía siendo violada desde mucho antes", contó Raza.

Se presentó una denuncia, pero el violador jamás fue sancionado, "lo que muestra que no solamente no hay políticas públicas sino que además las mujeres tenemos que aguantar la impunidad en la justicia", agregó.

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Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2014, alrededor de 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año a nivel global, la mayoría en países de ingresos bajos y medios.

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