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Comienza juicio en Argentina contra empresarios y exfuncionario por defraudación al Estado

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BUENOS AIRES (Sputnik) — El juicio contra los empresarios argentinos Cristóbal López y Fabián De Sousa y el exdirector del organismo recaudatorio del país, Ricardo Echegaray, por el delito de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública, comenzó a cargo del Tribunal Oral Federal tres.

"Empezó un juicio oral contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa", informó el Centro de Información Judicial en su página web.

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López es dueño de Oil Combustibles, una de las más de 170 empresas que engloba el Grupo Indalo, el cual también abarca varios medios de comunicación.

Echegaray, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 2008 y 2015, en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), llegó al juicio procesado como autor del delito de defraudación al Estado por acordar un plan de pagos irregular con Oil Combustibles entre mayo de 2013 y agosto de 2015.

Gracias a este trato de favor, López y De Sousa retuvieron un impuesto a la transferencia de los combustibles por valor de 8.000 millones de pesos (180 millones de dólares al valor actual).

Con ese dinero, se sospecha que Cristóbal López financió la compra de otras compañías, principalmente en el rubro de medios de comunicación.

Por los impuestos retenidos, el fisco le exige ahora 17.000 millones de pesos (383 millones de dólares actuales) entre capital e intereses.

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López y De Sousa están detenidos en prisión preventiva desde diciembre de 2017, pero en marzo de 2018 salieron en libertad al pasar a estar procesados por el delito de apropiación indebida de tributos, que por lo general es excarcelable.

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En abril del año pasado, sin embargo, el máximo tribunal del fuero penal, la Cámara de Casación, recuperó el delito de defraudación agravada y ordenó que volvieran a prisión.

Echegaray afronta en libertad el juicio oral, que se extenderá por al menos medio año.

Los acusados afrontan penas de cárcel de entre uno y seis años de cárcel.

La audiencia oral comenzó con una hora y media de retraso por el reducido espacio de la sala, lo que generó inconvenientes para los allegados de los empresarios, oriundos de la provincia de Chubut (sur).

Antes de que empezase el debate, un hijo de De Sousa pidió estar con su padre, lo que fue permitido por el servicio penitenciario.

La causa comenzó en marzo de 2016 tras la denuncia de la diputada aliada del oficialismo Elisa Carrió.

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