"El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del señor Luciano Marín Arango por haber incurrido en la causal tercera del artículo 183 de la Constitución Política (no tomar posesión de su cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse)", indicó el organismo en un comunicado.
Para el Consejo de Estado no medió ninguna circunstancia de fuerza mayor que justificara que Márquez no asumiera su escaño.
Así Márquez fue elegido senador, pero nunca asumió su escaño tras argumentar que no contaba con medidas de seguridad adecuadas en el marco de persecución y asesinatos de decenas de desmovilizados de las FARC.
"La alegada inseguridad jurídica y física no constituye fuerza mayor porque las dificultades en la implementación del acuerdo no eran imprevisibles e incluso a ellas respondió su planeación progresiva", señaló el Consejo de Estado.
Otros desmovilizados sí asumieron sus escaños en el Senado y la cámara baja, pese a los problemas de inseguridad, observó el Consejo de Estado.
El 28 de julio de 2018, solo ocho días después de haber tenido que ocupar su escaño, Márquez envió una carta asegurando que renunciaba porque no tenía "garantías" para cumplir con su ejercicio político.
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El exguerrillero, quien permanecía en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el municipio de Miravalle (Caquetá, centro), abandonó el lugar a mediados de 2018 tras aducir persecución de militares y desde entonces se desconoce su paradero.
Por eso la JEP le abrió un expediente, llamado "incidente de desacato", que de prosperar significaría la pérdida de todos los beneficios emanados del acuerdo de paz para los desmovilizados, incluyendo las penas alternativas por presuntos delitos.
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