"Duque dijo a la comunidad internacional que está de acuerdo con implementar el Acuerdo, pero lo que hemos visto es que sólo es un mensaje internacional, porque cuando miramos qué está pasando dentro del país, vemos que Duque tiene objeciones", dijo a Sputnik Louis Winstanley, de la organización Agencias Británicas e Irlandesas trabajando en Colombia (ABColombia).
Junto a varios parlamentarios de Reino Unido y el ministro de Estado de Relaciones Exteriores para Europa y las Américas, Alan Duncan, la organización ha impulsado la moción temprana 2232, para que el Parlamento de Westminster exija al Gobierno de Colombia la efectiva implementación del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 y defiendan a los líderes sociales en el país.
"La paz no es sostenible con el nivel de asesinatos de defensores y líderes sociales que hay en Colombia", dijo Winstanley.
Entre agosto de 2018 y mayo de 2019 hubo 65 asesinatos confirmados y hay 43 que están en proceso de "verificación", según publicó en Twitter José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Right Watch.
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"Cuando uno empieza a mirar en qué temas estaban trabajando estos defensores, se encuentra con que uno es la implementación del Acuerdo (específicamente en relación a la sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de tierras), y también en el medio ambiente". Los asesinatos "preocupan sobremanera" porque pareciera que son "un ataque al Acuerdo de paz", agregó Winstanley.
Mira el video realizado por estudiantes y activistas de Londres #PorUnaColombiaenPaz con @ABColombia1 La petición al Parlamento británico es clara: Implementar los Acuerdos de Paz, Defender a Defensores de #DDHH y retomar diálogo con #ELN pic.twitter.com/zzrCrOMo31
— @EspacioPazenCol (@espaciopazencol) June 17, 2019
En la moción promovida por ABColombia —que representa a las organizaciones CAFOD, Christian Aid UKI, Oxfam GB, SCIAF y Trócaire, Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales de Paz—, se advierte lo mencionado por Winstanley.
"Se ha incrementado la violencia contra los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos en las zonas rurales (…) las cuales han quedado atrapadas entre grupos neoparamilitares y el Ejército de Liberación Nacional [ELN], y están siendo objeto de amenazas e intimidaciones", se lee.
Según el último informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame (EEUU) —responsable de evaluar la implementación del Acuerdo— publicado en febrero de 2019, es "de suma relevancia acelerar el ritmo de implementación [del Acuerdo] y asegurar que las principales medidas tengan concreción en las regiones, garantizando los enfoques transversales de derechos humanos, género, étnico, territorial, y se asegure la centralidad de las víctimas en la construcción de paz".
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El Instituto indica que el 31% de las medidas no se han iniciado, el 34% han tenido avances "mínimos", 12% "intermedios", y 23% han sido "completos". Además, Winstanley recordó que "solamente el 4% de los acuerdos basados en género han sido implementados completamente".
Según dijo a Sputnik, el "compromiso" de Duque respecto a la implementación del Acuerdo se ha visto sólo en los "proyectos productivos para los reinsertados [a la vida civil] de las FARC", pero se ha olvidado de que el Acuerdo incluye "muchos más aspectos".
"La reforma agraria no ha sido tocada, solamente tenemos 16 planes de desarrollo a nivel territorial, pero hemos visto que están estancados (...) aunque son muy importantes para enfrentar la desigualdad, la falta de servicios básicos", añadió. "Si no hay inclusión, va a ser muy difícil lograr una paz sostenible", advirtió.
A su vez, Winstanley señaló que el Gobierno de Duque tiene objeciones sobre la participación de los excombatientes de las FARC en la política, cuestión que "también es preocupante": 133 han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo.
Con el listado de los más de 700 líderes sociales asesinados, recibieron a @IvanDuque en Londres. Que el mundo lo sepa! pic.twitter.com/HEVcbEX860
— Alberto Ortiz Galind (@lbertoortiz) 17 de junio de 2019
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (NU) pidió al Gobierno de Duque que proteja a esta población y no "incite" a la violencia contra los excombatientes. Declaraciones que, dicho sea de paso, enfrentaron al Ejecutivo con las NU.
Reino Unido y el Acuerdo de paz
Hasta ahora la nación insular ha invertido 40 millones de libras (casi 50,2 millones de dólares) en el proceso de paz, convirtiéndose en uno de los principales financistas de la implementación del sistema de Justicia transicional en Colombia, la Justicia Especial para la Paz (JEP) prevista en los acuerdos alcanzados en 2016 entre el Palacio de Nariño y los exguerrilleros.
"Creo que esto ha sido esencial, porque el costo de una paz sostenible tiene un presupuesto muy alto", opinó Winstanley. "Para que Reino Unido pueda seguir con la relación de comercio e inversión con Colombia, tiene que haber una línea base sobre derechos humanos", agregó.
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"Lo importante es que hay mecanismos para el monitoreo de cómo se ha usado este dinero y cuáles han sido los resultados, por eso Reino Unido tiene la obligación de asegurar que se implemente el Acuerdo, y creo que está comprometido con el proceso de paz... pero el presidente Duque también tiene que estar comprometido, no solamente con palabras, también con acciones dentro del país", resumió.
Winstanley espera que este martes 18 el Parlamento —que discutirá las reformas al Acuerdo que ha impulsado el Gobierno de Duque y las fallidas negociaciones con el ELN—, incluya ese punto en su discusión y elabore un "comunicado claro sobre la situación de derechos humanos en el país".
Este martes 18 Duque se reunirá con Duncan; se espera que el ministro de Estado le haga un llamado de atención al presidente colombiano por la situación de los líderes sociales en el país y por la demora en la de la firma de la Ley estatuaria de la JEP, que firmó el pasado jueves 7 de junio.
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La JEP es considerada la columna vertebral del acuerdo de paz, y había sido objetada parcialmente por el Gobierno colombiano en marzo de 2019. Duque consideró que seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria no garantizaban la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del pacto firmado con las FARC.
Sin embargo, el 29 de mayo la Corte Constitucional le ordenó al mandatario que firmara la ley debido a que sus objeciones fueron rechazadas por el Congreso un mes antes.
La firma de Duque ahora permite fijar parámetros para atención de las víctimas de la guerra y la materialización de sus derechos, al tiempo que afianza la seguridad jurídica de 11.805 comparecientes que están sometidos a este nuevo modelo de Justicia.
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