"México necesita la ayuda urgente de la comunidad internacional a través de un mecanismo para combatir la impunidad que nos permita salir de esta situación crítica", explicó Guevara, coautor del informe "Violencia y Terror: hallazgos sobre Fosas Clandestinas en México 2006-2017".
El abogado, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), destacó que el reporte de 156 páginas fue elaborado en conjunto por su organización, pionera en la defensa de víctimas desde 1989, con la jesuita Universidad Iberoamericana y Artículo 19.
Guevara, quien asistió esta semana a la reunión anual de "procedimientos especiales" del Consejo de DDHH en la sede europea de la ONU, señala que esa incapacidad es evidente en las acciones de "las propias instituciones encargadas de monitorear y llevar un registro fidedigno de la fosas y los restos hallados en el país".
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Las autoridades judiciales muestran en sus informes oficiales que "no son capaces de tener un registro coherente y consistente que permita saber a la ciudadanía y a las víctimas qué es lo que sucedió", agregó el investigador.
Uno de los lados más oscuros de la desaparición de personas asesinadas es que sus cuerpos muchas veces son triturados, desintegrados en ácido, o sepultados en fosas o barriles con cemento, lamentó Guevara.
"La inhumación clandestina en México evidencia la descomposición y falta de capacidades de los responsables del Estado", subrayó el abogado.
La conclusión más alarmante de la investigación es que el Estado mexicano se encuentra en una condición de "incapacidad para cumplir sus obligaciones de investigación, garantizar procesos dignos y adecuados de identificación, notificación y entrega de restos", explicó Guevara.
Cifras Negras
La propia Fiscalía General de la República, que reemplazó a la antigua Procuraduría Federal, reconoce que ha sido identificado "tan sólo el seis por ciento de los cuerpos exhumados", entre los años 2000 y 2015, recordó el abogado.
Sin embargo, otro recuento basado en informes de prensa arroja que entre 2009 y 2016 fueron exhumados una cantidad de cuerpos mayor: 1.829 cadáveres y 45.381 restos de personas.
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Esa cifra considera hallazgos en 23 estados, con solo 618 fosas clandestinas, "que podrían aumentar a 817 fosas con 2.229 cuerpos y 93.296 restos si tomamos las cifras altas", indica el documento.
Además, el propio presidente reconoció en mayo que " desde hace años hay 26.000 cuerpos sin identificar".
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Dos años después de la primera investigación las organizaciones concluyen que "el número de fosas halladas se sigue acumulando", porque la práctica de la inhumación clandestina persiste.
Los investigadores exigen a las instituciones del Estado "asumir con seriedad sus obligaciones para detener la desaparición de personas y los homicidios, realizar investigaciones criminales sustentadas en pruebas científicas [y] garantizar procesos dignos y adecuados de identificación de las víctimas".
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El dramático balance muestra que las acciones contempladas en las avanzadas legislaciones en materia de desaparición forzada de este país, que involucran a agentes del Estado, y las desapariciones perpetradas por criminales, siguen estando solo en el papel.
