Las autoridades judiciales expresaron a Sputnik su "preocupación por las condiciones precarias y de sobrepoblación" del establecimiento.
El organismo, dependiente del Ministerio Público de la Defensa, manifestó su preocupación por el estado de la Unidad 29, donde son encerrados los detenidos antes de ir a declarar a la justicia.
Este asunto concierne al máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación, que a su vez es la máxima autoridad en los tribunales situados en el barrio de Retiro (norte), en la ciudad de Buenos Aires.
Casación citó por ello al director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco.
En la inspección realizada por la Comisión de Cárceles se advirtió que en las duchas sólo hay agua fría, y que en determinados sectores está directamente cortado el suministro.
La Defensoría presentó entonces una ampliación de hábeas corpus que ya había tramitado ante el juzgado del magistrado federal Daniel Rafecas.
El crecimiento desmesurado de la población carcelaria en prisiones federales de Argentina es un problema estructural que deriva en otras vulneraciones a los derechos de los reclusos, según corroboró la Procuración Penitenciaria de la Nación, un ente descentralizado y autónomo de los tres poderes del Estado.
En la actualidad, las prisiones federales tienen 14.148 personas privadas de libertad, cuando la capacidad total del sistema es de 12.235 plazas.
