En 2010 en la cárcel de Rocha, departamento del este del país, había 20 personas encerradas en donde no debería haber más de siete. Compartían un celda de 40 metros cuadrados; ante la poca intimidad, habían dividido el espacio con frazadas, que colgaban desde cuerdas que atravesaban la pieza.
Las condiciones de reclusión eran tan precarias, que en vez de vidrios, las ventanas tenían nailones, en vez de una instalación eléctrica, había alambres colgados desde donde los presos sacaban corriente para, entre otras cosas, calefaccionar el lugar a través de resistencias caseras.
La gélida madrugada del 8 de julio de 2010, una de esas fuentes de calor se prendió fuego e incineró el lugar. De los 20, se salvaron ocho, la mayoría murió intoxicada y quemada; la mayoría eran muchachos que no llegaban a tener 25 años.
Hay varias versiones sobre qué pasó esa noche. La policial —y la que adoptó la Justicia en el juicio penal—, es que los oficiales que estaban trabajando cuando ocurrió el desastre actuaron con la mayor diligencia posible.
La otra es la de algunos sobrevivientes y otros presos que estaban viendo qué estaba pasando desde las celdas de enfrente: ellos dicen que el comandante en guardia, Daniel Machado, ordenó no abrir la celda al llavero, Franco Machado. Días atrás había habido un intento de motín, que los mismos presos desestimaron, y algunos de los sobrevivientes y presos aseguran que la policía creía que se trataba de un caso igual y por eso no abrían.
A pesar de las diferencias entre el tiempo de respuesta y accionar policial, lo cierto es que la celda fue abierta por el llavero.
La causa penal se archivó en 2012 sin encontrar responsables. Familiares de una de las víctimas está asesorándose para reabrir el caso penal, consideran que sí hay culpables, y que el Estado debe hacerse cargo de su mandato constitucional, que lo obliga a velar por la vida de quienes tiene en custodia, y estipula que las cárceles no serán lugares de tortura, sino de "profilaxis del delito".
Mientras, el juicio civil sigue su curso. Hasta ahora el Estado uruguayo no ha resarcido económica ni simbólicamente ni a las víctimas que zafaron del fuego, ni a las familias.
El 'paisito' suramericano es uno de los que más presos tiene en proporción a la cantidad de habitantes: 321 cada 100.000. El número posiciona a Uruguay muy por encima de, por ejemplo, Colombia, que a pesar de tener una mayor tasa de homicidios (24 cada 100.000) y grupos paramilitares y un conflicto armado, tiene una tasa de prisionalización 95 puntos más abajo que la uruguaya.
A su vez, en el ranking de países mundial con más presos por habitante, Uruguay ocupa el puesto 28 de un total de 222 países, según el Informe Anual 2018 del comisionado parlamentario penitenciario uruguayo, Juan Miguel Petit.
Anualmente unas 6.000 personas entran y salen del sistema penitenciario uruguayo, sin contar a los familiares de los reclusos y trabajadores. Actualmente el país tiene un sistema penitenciario colapsado, con más de 11.000 presos.
Según el informe del comisionado, hay 'agujeros negros' dentro del sistema penitenciario, es decir, nueve años después de la tragedia de la cárcel de Rocha, sigue habiendo cárceles con sectores en condiciones infrahumanas, donde un incendio se puede volver a repetir.
En Chile
Cinco meses después de la tragedia uruguaya, del otro lado de la cordillera de los Andes, ocurría un siniestro similar. El 8 de diciembre de 2010 se prendió fuego en la cárcel de San Miguel y murieron 81 presos, sobrevivieron 16.
Según la información oficial, el incendio comenzó alrededor de las 5:10 del 8 de diciembre, a causa de una disputa entre dos bandas rivales dentro del cuarto piso de la torre 5 del complejo penitenciario, se lee en periódico digital Emol.
Uno de los reos que participaba del hecho utilizó un lanzallamas artesanal, fabricado con un balón de gas y un tubo de plástico, lo que produjo que se encendieran elementos altamente inflamables, como colchones y ropa, dentro de la edificación. En menos de tres minutos las llamas ocuparon la mayor parte del celdario.
En el informe elaborado por la Corte de Apelaciones en octubre de 2010 y citado por Emol, se detalló que en la torre siniestrada habitaban un total de 484 presos; que el recinto era "sucio, húmedo y maloliente", y que además de que no existía mayor disciplina por parte de la guardia penitenciaria para establecer un orden al momento del descanso de los internos. Además, se informó posteriormente que sólo había 100 gendarmes, divididos en tres turnos, que cuidaban a los casi 2.000 internos.
La cárcel estaba preparado para albergar a 1100 reos; sin embargo, al momento del siniestro, era habitado por 1961, lo que según muchas autoridades reflejaba la precariedad del sistema carcelario chileno.
En Argentina
En Argentina el desastre más grande ocurrió durante la dictadura militar, el 14 de marzo de 1978, en el pabellón 7 de la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. La historia es bastante diferente a la uruguaya, pero también hay fuego.
La 'masacre en el pabellón séptimo', como se conoce el siniestro, dejó un saldo de al menos 65 personas muertas a causa de asfixia, quemaduras o balazos de los efectivos del Servicio Penitenciario Federal. En el pabellón 7 había 161 presos, pero las camas alcanzaban para 70, el resto dormía en colchones sobre el piso.
El 14 de marzo unos 60 agentes, armados con palos, entraron al pabellón para hacer una requisa. Los presos se dieron cuenta rápidamente de que no se trataba de una requisa común: los penitenciarios eran demasiados, gritaban y repartían palazos. De modo desordenado, los reclusos intentaron resistir: a modo de barricada, amontonaron camas en medio del pabellón y les tiraron con lo que tenían a mano.
La abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) Claudia Cesaroni, autora del libro 'Masacre en el pabellón séptimo' (2013), contó a Infobae que "primero hubo disparos con pistolas lanzagases. Dentro de un pabellón sobrepoblado y con poca ventilación, se desató la locura y la desesperación".
"Algunos trataban de tomar los cartuchos y taparlos, para que no saliera el gas. Otros comenzaron a poner colchones entre los espacios que dejaban los barrotes, para que no ingresaran las bombas Además de los gases, comenzaron los disparos de armas de fuego, tanto con ráfagas como tiro a tiro. La desesperación aumentó por el efecto de los gases y porque había calentadores prendidos. Y comenzaron a prenderse fuego los colchones", dijo Cesaroni.
Durante el episodio, el servicio penitenciario impidió el ingreso de los bomberos que llegaron al edificio para sofocar el incendio, argumentando que la situación ya había sido normalizada.
Los únicos imputados fueron los propios presos sobrevivientes; y las muertes quedaron impunes. Sin embargo, gracias al trabajo de Cesaroni y otros colegas, y de organizaciones sociales de derechos humanos, en 2014 la Cámara Federal Penal consideró que los hechos constituían crímenes de lesa humanidad y ordenó reabrir la investigación.
