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Matrimonio igualitario se consagra en los tribunales de Latinoamérica, no en los congresos

© REUTERS / Joao CastellanoRevellers take part in the 19th Gay Pride parade along Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, June 7, 2015
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El matrimonio entre personas del mismo sexo viene ganando terreno en América Latina por la vía judicial, ante la renuencia de los parlamentos que temen enfrentarse a mayorías conservadoras, lamentó el presidente de la organización LGBTI ecuatoriana Fundación Pakta, Christian Paula.

"Lamentablemente en Latinoamérica, salvo Uruguay y Argentina, al resto nos ha tocado hacerlo por vía judicial, justamente porque los Estados y los legisladores, los Gobiernos no lo ven como una causa de derechos sino como una causa de votos y de ponerse en contra de las mayorías", dijo Paula a Sputnik.

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Ecuador aprueba el matrimonio igualitario
La Corte Constitucional (CC) de Ecuador aprobó el 12 de junio el matrimonio igualitario al pronunciarse ante las demandas interpuestas por las parejas de Xavier Benalcázar-Efraín Soria y Rubén Salazar-Carlos Verdesoto, patrocinadas por la Fundación Pakta.

De esta manera Ecuador se suma a otros cinco países de la región: Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y México.

"La decisión de la CC ha significado una especial alegría para las poblaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) no necesariamente porque todos quieran casarse, no necesariamente porque todas las personas sientan que la institución del matrimonio acoge a todos y todas, pero más bien como un tema de igualdad", explicó Paula.

Las demandas ante los tribunales comenzaron en 2013; "en 2014 se estancaron por la coyuntura política que no permitió que se procesara ese primer juicio, y se lo retoma en 2018 a través de la Fundación Pakta exigiendo la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana", dijo.

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Corte Constitucional de Ecuador defiende fallo sobre matrimonio igualitario
La opinión consultiva 24, formulada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a pedido de Costa Rica, establece los derechos de la población LGBTI a la igualdad y no discriminación, a la identidad de género y a la familia, en virtud de lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos.

"El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana", dijo la Corte IDH.

La CC ecuatoriana, a la luz de la opinión consultiva de la Corte IDH, emitió entonces una interpretación del artículo 67 de la Constitución, que se refiere a la figura del matrimonio.

Desde el lunes 8 pueden celebrarse en Ecuador bodas entre personas del mismo sexo porque la sentencia fue publicada en el registro oficial.

Firmas en contra

Las reacciones de sectores conservadores no se hicieron esperar.

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El director de la católica Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción Pro Cultura Occidental, José Gómez, dijo a esta agencia que desde octubre se recogieron unas 45.000 firmas contra el fallo de la CC y que se espera reunir 50.000 para presentarlas al Consejo de Participación Ciudadana y a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

La campaña de firmas tiene como objetivo un referendo contra el fallo y un juicio político a los magistrados de la CC.

"El matrimonio homosexual fue implantado de una manera ilegal e inconstitucional, lo dicen constitucionalistas, y en contra de todo el pueblo ecuatoriano que se ha manifestado en contra", argumentó Gómez.

La Conferencia Episcopal de Ecuador también expresó su repudio a fines de junio en un comunicado.

"Mal pueden cinco jueces irse en contra de la voluntad soberana de los ecuatorianos" que en 2008 respaldaron con un 63% "la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer", dijo el comunicado.

A fines de junio la Sociedad Tradición y Acción y otras 51 organizaciones protagonizaron una marcha en Quito en "defensa de la familia”.

"Los principios de la familia se basan en la unión entre el hombre y la mujer, la función de la familia es procrear", dijo Gómez.

En la región

Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar por ley el matrimonio igualitario en 2010, y le siguió Uruguay en 2013.

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El integrante del colectivo Ovejas Negras de Uruguay, Diego Puntigliano, dijo a esta agencia que la evaluación de la aplicación de la ley en los seis años transcurridos "es positiva".

Con todo, "una de las cosas negativas de la implementación es que en el Registro Civil hubo algunas resistencias, llegó a haber un juzgado en Rivera (norte) que decía que esa ley no existía; y los formularios del Registro Civil siguen diciendo don y doña, son cuestiones triviales pero reproducen ciertas violencias simbólicas", comentó.

Puntigliano apuntó que pocos países de la región reconocen el matrimonio igualitario, pero destacó que América es "el segundo continente después de Europa" en el reconocimiento de este derecho.

Colombia aprobó el matrimonio igualitario el 28 de abril de 2016 con un fallo de la Corte Constitucional.

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Entre septiembre y diciembre de 2016, 117 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio, en 2017 fueron 341 y entre enero de 2018 y marzo de 2019 lo hicieron 408 parejas.

En Brasil el matrimonio igualitario está permitido desde 2011, también en virtud de un fallo del Supremo Tribunal Federal.

En Costa Rica, el país cuya consulta dio lugar al fallo de la Corte IDH, el matrimonio igualitario entrará en vigor en mayo de 2020.

La Corte Suprema de Justicia declaró el año pasado inconstitucionales los artículos que impiden el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, aunque los dejó vigentes por 18 meses para dar tiempo a que el Congreso costarricense legisle en la materia.

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Si transcurrido ese año y medio, el Congreso no ha aprobado ninguna ley de matrimonio igualitario, los dos artículos quedarán automáticamente derogados.

En Cuba, el proyecto de nuevo texto constitucional establecía en un artículo el matrimonio como la unión legal entre "dos personas", pero fue muy resistido durante la consulta popular, en especial por grupos evangélicos que incluso llamaron a votar No a la Constitución si se mantenía el artículo.

La nueva Constitución aprobada se limita a establecer el matrimonio sin precisar el sexo de los contrayentes, a los que llama simplemente "cónyuges", reconoce las uniones de hecho y fija para dentro de dos años la celebración de un referendo sobre un nuevo Código de Familia, "en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio".

En Perú, un proyecto para establecer la unión civil fue rechazado en 2016 en el Congreso.

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En 2017 el Gobierno de la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) envió al Congreso un proyecto de ley de matrimonio igualitario que permanece estancado.

Desde 2015 Chile reconoce el acuerdo de unión civil, un contrato entre dos personas sin distinción de sexo para regular los efectos jurídicos de su vida en común.

Hasta octubre pasado se habían celebrado 21.189 acuerdos de unión civil, y un 22% de ellas fueron entre personas del mismo sexo.

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