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Ecuador: victoria del pueblo Waorani, revés para el Estado y las petroleras

Ecuador: victoria del pueblo Waorani, revés para el Estado y las petroleras
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La Justicia ecuatoriana ratificó el fallo que prohíbe la explotación de petróleo en una región amazónica de la provincia de Pastaza, perteneciente al pueblo indígena Waorani. En Órbita dialogó con Lina María Espinosa, abogada de la causa.

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América Latina
Corte de Ecuador ratifica fallo a favor de indígenas amazónicos ante explotación petrolera
De acuerdo con la resolución de primera instancia del pasado abril, el Estado ecuatoriano no había cumplido con la legislación internacional y por tanto no estaba autorizado para utilizar la zona.

Sin embargo, en los primeros días de julio, el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía presentaron una apelación con el fin de explotar los terrenos, la cual fue rechazada por la Justicia.

Según estos organismos, la consulta previa, libre e informada, fijada por la Organización Internacional del Trabajo para intervenir territorios de pueblos originarios, se realizó en 2012.

"Consideramos que los argumentos de la Corte ayudan a entender que lo que pasó con los Waorani también le ocurrió a otras siete nacionalidades indígenas que estuvieron inmersas en lo que el Estado llamó la 11° ronda petrolera", dijo Espinosa a En Órbita.

Esta ronda se refiere a la apertura de la licitación en 2012 para la explotación de 13 bloques petroleros en el suroriente de la Amazonía Ecuatoriana.

El nuevo fallo es inapelable y protege 188.000 hectáreas, pero los Waorani esperan que sirva de antecedente para proteger otros 3.000.000 de hectáreas.

"Iniciaremos acciones contra el Estado conforme a la decisión de las comunidades, por vía de demanda o por otras acciones de exigencia", señaló la abogada.

"Es obligación hacer una consulta, porque la de 2012 no fue. Más bien fue una socialización que terminó siendo un engaño para las comunidades indígenas. El Gobierno quiso hacer un trámite y solo generó confusión y vulneración de derechos", agregó.

Los Waorani denunciaron que en ese momento las autoridades visitaron el lugar, llevaron regalos y promesas, pero nunca informaron que se pretendía explotar petróleo en la zona.

La abogada aseguró que si bien hay una reglamentación nacional que establece un límite de 30 días para realizar la consulta, no condice con estándares internacionales.

"No deberá ser tomado en cuenta como referente legal. Si los pueblos deciden que sí, la próxima etapa es concertar cómo, definir metodologías diferenciadas para cada pueblo. Y ahí recién iniciar el procedimiento de consulta", manifestó la entrevistada.

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En otro orden, Turquía recibió el primer lote de los sistemas de misiles antiaéreos rusos S-400. El país firmó un contrato de suministro con Moscú en abril de 2017, pero todavía no informó cuándo terminará la instalación y el sistema estará operativo.

"La primera lectura es que hay una crisis entre Turquía y la OTAN. Este país es miembro esencial por su ubicación geoestratégica crítica, de acuerdo a la densidad de conflictos en la región", explicó a En Órbita el analista internacional Alberto Hutschenreuter.

Según el entrevistado, "esta situación reposiciona a Rusia ante Occidente", pues Washington ve reducidas sus ganancias estratégicas.

"Hay que recordar victorias recientes de Moscú, como su posición ante Ucrania o su intervención en Siria, que redefinió geopolíticamente el conflicto interno en esa región pero con agentes externos", añadió.

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Además, Donald Trump confirmó las redadas contra inmigrantes a partir del domingo 14. La operación será en al menos diez grandes ciudades y buscará deportar a unas 2.000 personas. Entre las urbes señaladas se destacan Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Chicago, Baltimore y Houston.

Según The New York Times, el principal objetivo de las redadas son los inmigrantes que ingresaron recientemente al país y tienen pendientes órdenes de deportación. Y en algunos casos a personas que no han comparecido ante los tribunales que estudian sus peticiones de asilo o refugio.

Según el Centro de Investigaciones Pew, más de 10.000.000 de inmigrantes irregulares residen en el país, 66% de ellos desde hace más de una década.

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