El Departamento de Comercio norteamericano anunció el lunes 8 de julio la aplicación de estas cuotas sólo a un conjunto de empresas mexicanas y chinas, dejando fuera a las canadienses (el segundo proveedor de acero estructural para EEUU).
El porcentaje aplicado como penalización varía según cada caso, pero en el mexicano, alcanza el 74%. Las empresas penalizadas representan el comercio por 622 millones de dólares, un volumen bajo frente al grueso del comercio entre México y EEUU.
La investigación
"El asunto causó bastante revuelo porque se volvió un eslabón de este conjunto de medidas con las que Donald Trump tiene rato amenazando" dijo a Sputnik el economista Huberto Juárez quien remarcó que hay que recordar que la mayoría de las amenazadas son empresas extranjeras que producen en México. (El 80% de este comercio es intrafirma).
"El porcentaje más grande de las exportaciones de México a Estados Unidos lo tienen dos industrias que están saturadas de empresas norteamericanas: la electrónica y la automotriz", sostuvo el experto.
Sin embargo, los anuncios del lunes 8 tienen un origen diferente. Según explicó Juárez a Sputnik, un grupo acerero norteamericano con sede en Chicago denunció ante el Departamento de Comercio de su país que un conjunto de empresas mexicanas y chinas que exportan acero estructural –no otros tipos de acero- a los Estados Unidos, han recibido subsidios de sus Gobiernos.
"Las empresas mexicanas tuvieron derecho a réplica, es decir, participaron del proceso. Tenían que mostrar que ellas no habían recibido subsidios que alteraran los precios en desfavor de las empresas y los trabajadores norteamericanos, porque así fue planteado este asunto", dijo la fuente.
Las empresas mexicanas
Las empresas mexicanas sancionadas son: Swecomex, subsidiaria de Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, Building Systems de Mexico, Corey, Acero Technología, Construcciones Industriales Tapia, Estructuras Metálicas la Popular y Preacero - Pellizzari Mexico.
"Las empresas están identificadas —dijo Juárez a Sputnik— y es interesante el trascendido público de que han tenido derecho de réplica", sostuvo.
"Para el Gobierno norteamericano, las subvenciones que pueden haber recibido estas empresas son injustas y se trataría también de préstamos, aportaciones de capital, exenciones fiscales o insumos de producción. Elementos que crean derechos contestatarios a los afectados", explicó.
"En México hay una tradición muy fuerte de vínculos políticos entre dueños y jefes de las empresas y la clase política. La presencia de Carso —de Carlos Slim, uno de los principales empresarios del país— evidencia que pudo haber tenido subsidios preferenciales, que nunca se generalizaron", al resto de las empresas mexicanas del sector, explicó la fuente.
Para saberlo con certeza, habrá que esperar hasta el final de la investigación del Gobierno estadounidense. Su Departamento de Comercio anunció que concluirá en noviembre, cuando anunciará la permanencia o no de estas cuotas compensatorias a las empresas que han sido acusadas.
"No es generalizado y se aplicaría por productos y por tipo de subsidio que se identifique. No comprende a la totalidad de los productos de acero ni tampoco a la totalidad de las empresas", concluyó Juárez.
