"Renovar el estado de excepción en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin exclusión alguna en razón a su tipología, en razón de que las circunstancias que sustentaron la declaración de grave conmoción interna aún persisten y requieren de intervención", dice el decreto, según una copia difundida por el medio local Ecuavisa.
El medio agrega que, según el documento, en los primeros 60 días de vigencia de la medida, es decir desde el 16 de mayo pasado, se registraron: cinco incidentes de amotinamiento, un intento de amotinamiento, 12 personas privadas de la libertad (PPL) fallecidas y 40 servidores policiales heridos por reacción violenta ante actividades de requisa al interior de las cárceles.
En el decreto se dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía coordinen esfuerzos para mantener "el orden y prevenir acontecimientos de violencia".
Además, en el documento se señala que la participación de las Fuerzas Armadas es "complementaria" a las acciones de la Policía.
"Las Fuerzas Armadas participarán en el control de armas y en el del perímetro externo de los centros de reclusión mientras que la Policía se encargará del control interno para garantizar la vida y la convivencia pacífica de las personas privadas de libertad", se agrega.
El hacinamiento en las cárceles ecuatorianas supera el 40%, según cifras oficiales.
InSight Crime, fundación con sede en Washington dedicada a estudios de seguridad ciudadana, señaló el 30 de mayo que la falta de higiene en la alimentación es una característica de las cárceles ecuatorianas.
