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Argentina ha sufrido un "apriete muy fuerte" para declarar a Hizbulá terrorista

© AP Photo / Mohammed ZaatariMilicias de Hizbulá
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El presidente Mauricio Macri creó un registro de terroristas para poder incluir a la organización libanesa, acusada de ser autora del atentado de la AMIA, un gesto hacia las entidades israelitas y una alineación a las demandas de EEUU, en el marco de la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, y del 25 aniversario del atentado.

En la inconclusa investigación del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) del 18 de julio de 1994, donde las denuncias tienen alcance internacional, toda pista conduce a caminos que deben cruzar largos puentes e infinidad de obstáculos y presiones en los que se entrometen tanto los intereses locales y extranjeros, tanto de entidades estatales como no gubernamentales.

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"Llegamos a los 25 años y está más fuerte que nunca esta influencia de la geopolítica en la investigación del caso AMIA. Hay un apriete muy fuerte de parte de los Estados Unidos para que Argentina declare terrorista a Hizbulá, una presión sobre la que ha influido el préstamo de muchísimo dinero a Argentina, récord histórico del Fondo Monetario Internacional", opinó Raúl Kollmann, periodista y experto en el caso AMIA, en un diálogo con Sputnik.

El presidente argentino creó por decreto el 17 de julio de 2019 un nuevo Registro Público de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), un cuestionado mecanismo que le permitirá incluir al movimiento libanés, hasta ahora no considerado terrorista por la ley argentina ya que no está incluido en el listado del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ni tiene sentencias firmes en su contra en el país.

Tanto Hizbulá como el Gobierno de Irán fueron acusados por las fiscalías y jueces encargados de la muy controvertida investigación por el atentado de 1994 de haber sido autores intelectuales y materiales, basándose en información aportada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Tanto el movimiento chiíta, un partido político legal del Líbano, como Irán han negado su involucramiento.

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Las principales entidades israelitas locales avalan estas denuncias, aunque no ocurre lo mismo con todas las agrupaciones de familiares de las víctimas y parte de la comunidad, entre los cuales se duda de las confiabilidad de las investigaciones y de los intereses geopolíticos detrás de estas hipótesis.

Todavía se desconoce todo acerca de los autores materiales y la llamada "conexión local", lo que lleva a quienes cuestionan las posiciones oficiales a considerar sospechosos tanto el salto a conclusiones como la creación de un nuevo registro, asuntos de mucha gravedad.

"La investigación nunca pudo descubrir cuestiones elementales como de dónde salió el explosivo, dónde estuvo la camioneta [usada como coche-bomba], si hubo un suicida, quién habría sido, cómo entró al país, con qué identidad, dónde se alojó. De la mano de obra del atentado sabemos poco y nada. ¿Cómo vamos a ser tan certeros acerca de la conexión internacional?", cuestionó Kollmann. 

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"Como no tienen a nadie que intervino en el atentado entonces hacen una hipótesis internacional que se acomoda a su política internacional, no a hechos y pruebas concretas", dijo Kollmann, quien contrastó esta investigación con la ocurrida luego del atentado en las Torres Gemelas en 2001 en Estados Unidos, que partieron de la identificación de los perpetradores de la organización Al Qaeda, que a su vez se adjudicó los ataques.

Tras 25 años de impunidad, el peor ataque a la comunidad judía después del Holocausto sigue sin contar con un juicio confiable, ni un solo responsable como consecuencia de causas fraguadas y acusaciones más cargadas de peso político que de evidencia.

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