"Sin adelantar ningún juicio de mérito, se observa que el contexto indicado asevera un eventual desvío en la conducta de miembros del Ministerio Público Federal, lo que en teoría podría caracterizar falta funcional", escribió el corregidor Orlando Rochadel en su decisión, adelantada por el portal de noticias G1, y que también incluye al fiscal Robseron Pozzobon.
La decisión de Rochadel es una respuesta a una solicitud del Partido de los Trabajadores (PT), que pidió esta investigación después de que el diario Folha de Sao Paulo, junto con el medio digital The Intercept, publicara el pasado 14 de julio que Dallagnol y Pozzobon tenían un plan para ganar dinero gracias a la fama que habían conseguido con la Operación Lava Jato.
Ahora, los dos fiscales tendrán un plazo de 10 días para brindar aclaraciones, y después el corregidor decidirá si archiva el caso o si abre un proceso disciplinario, que podría derivar en castigos como la suspensión, advertencia o la jubilación obligatoria.
Las conversaciones de Telegram reveladas por los citados medios apuntan que, a finales de 2018, Dallagnol y Pozzobon barajaban la creación de una empresa en la cual ellos no aparecerían formalmente como socios, para evitar cuestionamientos legales y críticas.
El procurador está en el centro del escándalo de las filtraciones de la Operación Lava Jato desde hace más de un mes, junto con el exjuez y ahora ministro de Justicia Sérgio Moro.
Las conversaciones privadas entre ambos revelan que colaboraron para perseguir judicialmente al expresidente Lula, lo que sus abogados están usando para probar que el líder izquierdista no tuvo un proceso justo e imparcial, por lo que su condena debería ser anulada.
