"En ningún pasaje de la Ley Federal de Derechos de Autor vigente se protege el derecho a la propiedad patrimonial de la etnias y comunidades indígenas sobre sus productos culturales, ni que se les debe pagar por ellas, solo prohíbe causarles una deformación o demérito", señala Otero, catedrático en la facultad de Derecho en de la Universidad Nacional Autónoma de México y en varias ocasiones director del Registro Público del Derecho de Autor.
El coautor del libro "Propiedad intelectual: simetrías y asimetrías, entre el derecho de autor y la propiedad industrial", escrito junto con Miguel Ángel Ortiz, señala que "es un error terrible de la legislación el vacío que impide proteger las obras de culturas populares".
El problema comienza en el artículo 157 de esa ley, porque limita la legislación a "manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado mexicano, que no cuenten con autor identificable".
Ese segmento indica que "las obras desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria", solo quedan protegidas "contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen".
El problema se agranda con el siguiente artículo 159, que autoriza que "es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo".
El experto indica que los diseñadores u otros creadores podrían argumentar que al inspirarse en esta obras de comunidades originarias no están causando "demérito" de las obras, ni dañando su "reputación o imagen", sino todo lo contrario.
El experimentado abogado considera que la ley se debe modificar "obligando a pedir el permiso de quienes representan a las etnias, para utilizar sus obras como modelos; y que las etnias sociológicamente constituidas, deben aprobar la autorización correspondiente en una asamblea con la mayoría de sus miembros".
Tampoco debe limitarse a que no se atente contra la integridad de la obra, sino establecer derechos pecuniarios.
Asimismo, como no existen procuradores o fiscales especializados en la materia "deben ser los procuradores de derechos indígenas los encargados".
El jurista señala que el artículo 21, que protege los derechos morales, apenas exige respeto a la obra, limitado a cualquier deformación, mutilación o acción que sea "atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor".
Historia de los derechos de autor
Como la controversia escalará a nivel internacional, México y otros países deben considerar que el Convenio de Berna, de 1856, protege a nivel mundial las obras literarias, artísticas o escritas, a las cual se agregaron el cine, la arquitectura, la música, la danza y la coreografía, entre otras artes.
Ese convenio, al cual México se sumó en la década de 1960, comenzó con la adhesión de 10 países, y actualmente suman 188, reseña Otero.
Encabezados por el escritor francés Honoré Balzac, autor de "La Comedia Humana" (1799-1950), los intelectuales exigían definir que las obras no pertenecían a los editores, sino que "es de quien la crea y únicos con derechos a obtener una remuneración", reseña el autor.
Una larga batalla condujo al Convenio de Berna que protege a los derechos de autor.
En su seno "México y Rusia han sido los únicos países que en alguna ocasión, en los años 1970, han pugnado por un convenio internacional para redactar un capítulo que proteja las obras de arte popular de la etnias y su folclore", recuerda el investigador.
Finalmente, Otero señala que el Congreso y todos los poderes de la federación mexicana han incumplido una resolución del 28 de enero de este año 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, Ombudsman federal).
El objetivo es "garantizar el reconocimiento colectivo sobre sus creaciones, y la protección, salvaguarda, promoción y desarrollo de su patrimonio cultural inmaterial de dichos pueblos y comunidades".
El Gobierno de México abrió la controversia en junio pasado al cuestionar a la casa de moda Carolina Herrera por utilizar motivos indígenas y de la cultura popular mexicana en su nueva y colorida colección Resort 2020, que según su joven diseñador Wes Gordon expresa "el amor" de la firma por este país.
