"En total 17 altos jefes militares de la Fuerza Armada de El Salvador están citados a la Audiencia de Intimación en los juzgados de San Francisco Gotera, donde les serán notificados tres nuevos delitos en su contra: tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado", precisó a Sputnik el presidente de la Fundación Comunicándonos, Oscar Pérez.
Ante la mencionada corte del departamento de Morazán se reunieron sobrevivientes y familias de las víctimas de la masacre perpetrada del 10 al 12 de diciembre de 1981 en el cantón de El Mozote, como parte de la estrategia "tierra arrasada", y en la cual fueron asesinados cerca de mil civiles, la mayoría ancianos, mujeres y niños.
El abogado Ovidio Mauricio, de Tutela Legal, adelantó que el juzgado recibió los dictámenes de peritos en materia militar, histórico-documental y antropología social que avalan la evidencia sobre la participación de la cadena de mando militar en la consumación de la masacre.
La investigación del Mozote fue reabierta después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogara en 2016 la Ley de Amnistía General suscrita en 1993, tras la firma un año antes de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado (1980-1992).
La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas señaló en un informe de 1993 a los coroneles Domingo Monterrosa y Armando Azmitia como los responsables directos de la masacre, pero ambos murieron el 23 de octubre de 1984 en un atentado de las fuerzas guerrilleras.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos.
La Comisión de la Verdad de la ONU reflejó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto fueron perpetradas por el Ejército y la extinta Guardia Nacional, así como por los llamados Escuadrones de la Muerte.