"La Corte Suprema de Justicia en pleno ordenó juicio por indicios de enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Sigfrido Reyes con el voto de 10 magistrados", publicó el diario local El Mundo, citando fuentes judiciales.
En tres instancias anteriores la CSJ no había logrado votos; en la primera votación del 18 de junio pasado solo tres magistrados votaron por un proyecto de resolución emitido el 11 de junio que exoneraba a Reyes, agregó el periódico.
De acuerdo con el rotativo, el exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) no logró justificar 113.817,30 dólares de su patrimonio, pese a desvanecer 45 de las 47 irregularidades financieras que le imputaban.
Un informe del Tribunal de Probidad de la CSJ refleja que Reyes aportó declaraciones juradas, constancias de pago o de ingresos extendidos por el parlamento centroamericano, informe de misiones oficiales y viáticos, copias de cheques y reportes de instituciones financieras para justificar su patrimonio.
Una fuente judicial citada por El Mundo precisa que el también exdirector del Organismo Promotor de las Exportaciones en El Salvador no pudo desvanecer depósitos bancarios por 29.550 dólares y pagos a tarjetas por 73.056.64 dólares.
El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el enjuiciamiento de Reyes a través de su cuenta en la red social Twitter, días después de que acusara al FMLN de presionar a la CSJ para evitar un juicio contra una de sus figuras más emblemáticas.
Sé que todos están esperando mi reacción por el caso de Funes, pero antes un paréntesis:
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 30, 2019
Sigfrido Reyes ha sido enviado a juicio por enriquecimiento ilícito.
En respuesta, Reyes reclamó a la CSJ garantías para su defensa con el fin de "evitar se consume un atropello a mis derechos y garantías constitucionales", expresó en sus redes sociales.
El anuncio del juicio contra Reyes coincide con la frustración del intento de Bukele de llevar ante la justicia salvadoreña al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien recibió la ciudadanía nicaragüense y, por ende, no podrá ser extraditado para responder por cinco delitos, entre ellos el supuesto desfalco de 351 millones de dólares.
