"Pregunta a las víctimas de los que murieron allí lo que les parece. Después de que respondan yo contesto", dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a periodistas sobre la masacre del pasado lunes 29 en la prisión de Altamira.
41 fallecieron por asfixia causada por inhalación de humo durante un incendio y 16 fueron decapitados y sus cabezas fueron utilizadas como pelotas de fútbol.
Reclusos publicaron fotos y vídeos de la barbarie en redes sociales.
"Esta masacre sorprende porque ocurre en un Estado (Pará) que no suele aparecer en la ruta del tráfico de droga. Sin embargo la cárcel está ubicada en Altamira, zona compleja en términos de violencia y criminalidad, que es el nordeste brasileño", dijo la investigadora Carolina Sampó a En Órbita.
El gobernador de Pará, Helder Barbalho, lamentó el "episodio horroroso" y determinó la transferencia de 46 presos involucrados en el combate. Otros diez líderes del motín fueron derivados hacia prisiones federales de máxima seguridad.
"El narcotráfico está vinculado no solo a esta masacre sino a la violencia extrema en el norte y nordeste del país. A pesar de que parece que bajó el número de homicidios, esta caída tiene que ver con que el PCC ha logrado la hegemonía en la zona", señaló la investigadora especialista en criminalidad.
"No hay un ganador del control territorial, de las prisiones o de la ruta de la cocaína norte, que viene de Colombia y de Perú. El PCC maneja la ruta del sur, que va hacia Santos. Pero el conflicto principal es por el norte de Brasil", manifestó.
Según las autoridades penitenciarias, la cárcel de Altamira tiene una capacidad de acogida de 200 presos, pero albergaba más de 300.
"Evitar las matanzas es más difícil de lo que parece. Hay falta de control estadual en las cárceles. Brasil tiene una sobrepoblación carcelaria del 400%. En el caso de Altamira, había 33 agentes para casi 350 presos", explicó la investigadora.
En otro orden, Paraguay transita una crisis política por un acuerdo energético firmado con Brasil para la compra de electricidad de la central de Itaipú, tras la renuncia del canciller Luis Castiglioni.
Otros cinco funcionarios públicos ya habían dimitido a raíz del convenio entre las naciones. El nuevo régimen —que se conoció la semana pasada— establece nuevas tarifas y una entrega mayor de electricidad a Brasil, por lo que Paraguay compraría la energía más cara.
"Preocupa porque el Gobierno viene cuestionado por la oposición y también por su propio Partido Colorado. Además no cuenta con mayoría en el Parlamento. Que ahora enfrente esta situación, con trascendencia internacional, lo deja susceptible para que la oposición se organice en su contra", dijo a En Órbita la politóloga paraguaya Rocío Duarte.
Además, este martes 30 se conmemoró un nuevo Día Mundial contra la Trata para concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano.
"En todo tipo de explotación que no tiene una clara reglamentación se da un desbande. En zonas rurales o indígenas se generan estas distorsiones, como servicios sexuales forzados", dijo a Sputnik la vicepresidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Gladys Acosta Vargas.
Si bien es muy difícil determinar el número de casos por ser una actividad ilegal, la ONU considera que al menos 2,5 millones de personas padecen este flagelo.
"En Colombia, por ejemplo, existe una violencia sexual sistemática. Esto ha permanecido con el paso de los años. El cuerpo de la mujer sigue siendo un campo de batalla, y cuando hay actores armados inmediatamente hay aún más violencia contra ellas", expresó la entrevistada.
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